La Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, que continúa su tramitación en la Asamblea, es una de las grandes apuestas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para agilizar trámites, atraer inversión y permitir una respuesta pública rápida de las administraciones con el fin de crear un marco regulatorio favorable al emprendimiento y al desarollo de proyectos inversiones.
Entre los 50 textos normativos sobre los que actuará se encuentra la Ley del Suelo, una de las grandes apuestas del Ejecutivo regional, ya que considera que es”la reforma más ambiciosa de los últimos 20 años”. En concreto, la norma actuará sobre siete ejes:
- Se regulan por primera vez las actuaciones de dotación, otorgando seguridad jurídica a los expedientes y agilizando, así, los tiempos de tramitación. Al actuar con seguridad jurídica, se evitan discusiones sobre la legislación aplicable y devoluciones no deseadas al ayuntamiento proponente.
- Se introducen transferencias de aprovechamiento, facilitando que las empresas puedan hacer viables operaciones en suelo urbano consolidado. Por ejemplo, podrán ampliar sus instalaciones utilizando excedentes de aprovechamiento que, de otra manera, no se hubieran podido materializar. Esto atraerá nuevas inversiones y dará un mayor dinamismo a los procedimientos.
- Se eliminan restricciones a los Patrimonios Públicos de Suelo, permitiendo que se utilicen para la reactivación económica y para impulsar actuaciones de regeneración urbana, lo que ofrece mayores posibilidades a los ayuntamientos y mayor flexibilización.
- Se modifica el régimen de las redes públicas para que suelos dotacionales vacantes puedan destinarse a incrementar la oferta de viviendas públicas en régimen de alquiler, lo que supondrá un ahorro muy considerable de tiempos, al evitar la tramitación de una modificación del planeamiento.
- Se favorece la autonomía de los ayuntamientos con más de 15.000 habitantes, al permitir que puedan realizar políticas urbanísticas sin necesidad de que sean aprobadas previamente por la Comunidad de Madrid. Esto reducirá en seis meses los plazos de tramitación.
- Se impulsa la colaboración público-privada para tramitar licencias urbanísticas, lo que atajará los retrasos por acumulación de solicitudes en los servicios municipales y agilizará los procedimientos.
- Se dan oportunidades de desarrollo a los pequeños municipios, al permitir la puesta en marcha de todas las actuaciones en suelo rústico que no estén expresamente prohibidas por el planeamiento urbanístico. Esta medida permitirá también luchar contra la despoblación y agilizar el trámite de las calificaciones urbanísticas.
- Se flexibilizan y agilizan la tramitación de proyectos de alcance regional, eliminando la exigencia de que sean actuaciones “de urgencia o excepcional interés público”. Así, se incrementarán las posibilidades de atraer inversión, con la consiguiente creación de empleo y riqueza.
- Se elimina la evaluación ambiental en los Estudios de Detalle y los Planes Especiales, lo que supondrá un ahorro de tiempo en las tramitaciones (entre cuatro y seis meses) y de costes.
