Madrid ha iniciado la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, también conocida como Ley Ómnibus, cuyo plazo para la presentación de enmiendas termina el próximo 11 de abril. Una normativa que se ha tramitado por el proceso de urgencia, lo que ha permitido reducir los tiempos a la mitad, “pero cumpliendo con todos los plazos para responder a las necesidades de la sociedad y de la economía madrileña”, según afirmó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
En el debate de enmiendas a la totalidad en la Asamblea de Madrid, López afirmó que los objetivos de la Ley Ómnibus son “impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa”. En definitiva, el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso pretende, con esta nueva normativa, la activación de la economía y del empleo a través de la simplificación normativa, la reducción de trámites, la bajada de impuestos, el aumento de la capacidad de elección de los ciudadanos y el principio de seguridad jurídica. “Esta ley es una clara apuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la simplificación y la calidad normativa. Es una ley de modernización, actualización e impulso, que aspira a ser un instrumento eficaz para la vida de los madrileños. Una ley del siglo XXI, que quiere y debe resultar útil a una inmensa mayoría”, aseveró el consejero de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
“Se necesita una gestión pública que trabaje a favor de los ciudadanos, con garantías, eficacia y flexibilidad y que sea capaz de quitar obstáculos. Para ello, la Administración debe ser capaz de adaptarse al entorno cambiante y favorecer el progreso de los madrileños a través del crecimiento económico. Una Administración ágil que deduzca trabas superfluas y en la que se agilice todo el funcionamiento administrativo”, concluyó.
Cuatro ejes
La Ley Ómnibus actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos, 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. Según estimó López, los contribuyentes se podrán ahorrar un millón de euros anuales con esta nueva normativa “gracias a la reducción de los trámites y cargas administrativas y a la mayor eficiencia en los servicios para los ciudadanos y las empresas”.
Los cuatro ejes sobre los que pivota la Ley Ómnibus, de acuerdo con lo expusto por el consejero, son:
- la gestión eficaz de las consecuencias de la crisis provocada por el COVID-19;
- la mejora de determinados servicios públicos, especialmente a las personas más vulnerables;
- la adaptación de las normativas sobre urbanismo y medio ambiente a las nuevas realidades económicas;
- la eficiencia del gasto público.
Hitos
Durante su exposición en la Asamblea, López ha señalado como hitos que recoge esta modificación legal, en el ámbito sanitario, la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), una fórmula para “perfeccionar el sistema y prepararlo para situaciones similares” a la vivida durante la pandemia. Asimismo, la norma modificará la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, de forma que la historia clínica de los pacientes se podrá compartir entre entidades públicas y privadas.
La nueva ley también contempla la agilización de la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI), al permitir que la Comunidad de Madrid pueda intervenir en el proceso de inicio. De igual modo, según el Gobierno madrileño, se mejorará la empleabilidad de las personas vulnerables, ampliando la participación en áreas de integración a beneficiarios de prestaciones económicas distintas de la RMI.
Por otra parte, se pretende adaptar la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.
Una de las mejoras clave será la modificación de la Ley del Suelo, para que sea más liberalizadora y permita reactivar la economía regional y favorecer las iniciativas emprendedoras, el diálogo empresarial y la inversión. Así, el Gobierno apuesta por favorecer la autonomía de los ayuntamientos para que puedan realizar políticas urbanísticas sin necesidad de que sean aprobadas previamente por la Comunidad de Madrid. Además, se pretende mejorar la normativa urbanística “para generar más seguridad jurídica entre los inversores, evitando las interpretaciones divergentes sobre algunos puntos”. A mayores, se facilitan las transferencias de aprovechamiento urbanístico del suelo, se facilitan las modificaciones parciales de los planes urbanísticos por parte de los consistorios de la región, se impulsa la colaboración público-privada para tramitar licencias urbanísticas, se revisan las restricciones asociadas al suelo rústico, etc.
Igualmente, el texto aborda la modificación de la Ley del Juego para “incentivar y promocionar el juego responsable”, con la revisión del régimen sancionador y la definición de zonas de alta concentración de locales de juego.
En materia de deporte, la ley refuerza la protección a los menores y adolescentes, con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo.
La Ley Ómnibus establece una nueva regulación de los “Proyectos de Alcance Regional”, que funcionará como una autopista administrativa para los proyectos de mayor impacto económico que lleguen a la región.
En el campo del medio ambiente, la futura norma actúa sobre las Leyes para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestres y Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza. Según explicó el Ejecutivo madrileño durante la presentación del texto, en diciembre de 2021, además de dar una mayor cobertura a las especies protegidas y a los montes públicos, se regularán diferentes aspectos en materia de aprovechamientos forestales y eliminarán cargas administrativas. También prevé modificar la Ley de Evaluación Ambiental “para hacer más eficiente la norma”.
Asimismo, el texto propone modificar la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid para incluir nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.
La futura ley también introduce otras medidas de simplificación normativa, de modernización de la Administración y de reducción de cargas en materia de vivienda, de prevención y extinción de incendios y en el cuerpo de Agentes Forestales, así como en el ámbito de coordinación de Policías Locales y en materia de Transparencia y Buen Gobierno, entre otros.
