Foro Regulación Inteligente ha publicado un informe que alerta sobre la mala calidad regulatoria de nuestro país y la excesiva producción normativa, tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Cada vez se aprueba más legislación, especialmente mediante decretos, y esto afecta de manera directa a la economía y por tanto a las empresas.
Además, el informe señala que la legibilidad de los textos ha empeorado notablemente, mientras que el abuso de las menciones a otras normas ha ido a más, generando un problema relacional entre ellas. Esto complica más aún el problema de inseguridad jurídica.
Este escenario afecta directamente al empleo y al crecimiento económico. De hecho, en base al análisis de la literatura económica disponible, Foro Regulación Inteligente eleva el impacto potencial de una mejora del entorno regulatorio a una horquilla que iría de 36.000 a 48.000 millones de euros, dependiendo del grado de mejora alcanzado y el escenario bajo el que se aplicasen las medidas.
El informe cita la Ley General de Comunicación Audiovisual y las restricciones en la publicidad de determinados productos y servicios como un ejemplo de mala calidad regulatoria. Y es que tal y como está redactada la norma, se modifica la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, de tal modo que las plataformas de intercambio de vídeo también se verían afectadas por estas restricciones, cuando la propia ley General de Comunicación Audiovisual no establece este tipo de restricciones para ellas.
Según Foro Regulación Inteligente, el problema de esta mala calidad regulatoria está ligado al creciente intervencionismo público en la actividad del sector privado. Esto se demuestra en la clasificación que recibe España en el Índice de Libertad Económica, que arroja un claro estancamiento en el grado de apertura a las políticas de mercado.
En este contexto, el informe destaca el excesivo número de normas que existen hoy, así como la duplicidad normativa o la complicada legibilidad de los textos. Para apoyar su tesis, el documento hace referencia a un estudio que elabora anualmente la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el que realiza un recuento del número de leyes y normas que se aprueban en España a nivel nacional y autonómico. Según este documento, 2021 ha sido el quinto ejercicio con mayor producción regulatoria de los últimos treinta y cinco años. En ese año, el Boletín Oficial del Estado editó hasta 241.803 páginas, lo que supone un incremento del 26% con respecto al ejercicio anterior.
Por otra parte, el informe de Foro Regulación Inteligente señala la ausencia de reformas orientadas a elevar la calidad del marco regulatorio y a reducir, por el mismo camino, los problemas de inseguridad jurídica que afectan a nuestras empresas y ciudadanos, como causa del empobrecimiento generalizado del marco jurídico español.
Por último, el documento aporta propuestas concretas de mejora en esta materia, entre otras, promover la implementación de auditorías de regulación, desarrollar algún tipo de autoridad de calidad regulatoria que analice de forma independiente la técnica legislativa o contribuir al giro hacia normas consolidadas de manera general. De esta forma se unificarían criterios y se generaría una perspectiva de legislación más integral y completa, verdaderamente propiciadora de seguridad jurídica.
Según Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente: “España precisa una regulación más inteligente en todos los aspectos, superando al fin las duplicidades y la fragmentación normativa y generando verdadera seguridad jurídica para favorecer la actividad privada”.
