En marzo, la CEOE publicó su informe anual ‘La Producción normativa en 2022’, que analiza la evolución del complejo marco legislativo español y su impacto sobre los ciudadanos y la economía. El informe recoge el número de normas aprobadas en 3 distintos niveles políticos: el estatal, el autonómico, y el europeo. Además, el informe valora si las normas reflejan el principio de seguridad jurídica o las directrices europeas ‘Better Regulation’ para la calidad normativa.
La principal conclusión para destacar es que el número de páginas publicadas por los Boletines Oficiales estatal y autonómicos alcanzó 1.329.865 páginas en 2022. Esto supone un incremento del 22% en la producción normativa respecto a 2021, y lo convierte en el sumatorio más alto de la última década, 29,7% por encima de la media, que, según el informe, demuestra que 2022 fue uno de los años “más prolíficos en materia regulatoria”.
Valorando la situación regulatoria en España, el informe concluye que “surgen serias dudas del seguimiento que se está realizando de [los principios de seguridad jurídica y calidad normativa] en nuestro país, ya que el impacto de la superposición de las disposiciones normativas en los diferentes niveles administrativos … sobre los administrados es … abrumador”. En cuanto a la economía, valora que para “las empresas, el mero seguimiento y actualización de la normativa que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades requiere la dedicación de grandes esfuerzos y recursos. Esto, unido a la inseguridad jurídica creciente del sistema, tiene importantes repercusiones sobre la competitividad de las empresas españolas en los actuales entornos globalizados”.
Por lo tanto, el informe recomienda que se precisa de una consulta “más adecuada” con el sector privado para lograr “resultados normativos” más eficaces y eficientes, ya que “un marco jurídico de confianza para el desarrollo de la actividad empresarial constituye la piedra angular sobre la que se asienta el desarrollo económico y el bienestar”.
En el ámbito estatal, en España se aprobaron 849 nuevas normas de distinto rango en 2022, lo que implica la producción de más de 2 novedades legislativas por día natural. Esto supone una ligera disminución respecto a las 851 nuevas normas aprobadas en 2021, pero, no obstante, posiciona a 2022 como el sexto año con mayor producción normativa desde las altas cifras durante la primera década del inicio del periodo democrático (1977-1986), y el tercero más alto en los últimos diez años. En conjunto, la producción normativa de 2022 es un 9% superior al promedio de los últimos 40 años.
Desglosado por tipología de las normas, en 2022 España experimentó un incremento respecto a 2021 del 77,3% en el número de leyes aprobadas, del 36,4% en leyes orgánicas, y del 10,9% en reales decretos. No obstante, el número de órdenes descendió un 8,0%, y aunque los reales decretos-leyes descendieron un 37,5% (en parte debido al fin de las situaciones derivadas de la pandemia), el número total de reales decretos-leyes aprobados en 2022 (20) sigue siendo el sexto más elevado de los últimos 40 años (media de 12). En cuanto al tiempo que se invirtió en la tramitación de las normas con rango de ley, el plazo medio de tramitación en las Cortes Generales fue de 255 días, ligeramente inferior al plazo de 2021 de 263 días.
En cuanto a las páginas del BOE, el informe concluye que en 2022 se editaron 254.757 páginas del BOE, un incremento del 5,4% respecto a 2021. El peso de las secciones I y III que recogen las disposiciones estatales fue del 55% en 2022, un incremento de 5 puntos respecto al 50% de 2021. Esto supone que, para estar completamente actualizado sobre las novedades legislativas publicadas en el BOE en 2022, habría que leer unas 698 páginas al día, reflejando la magnitud de la producción normativa en España.
En el ámbito autonómico, en 2022, la cifra de las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos y decretos leyes) aprobadas por las Comunidades Autónomas y recogidas en el BOE alcanzó 340. Aunque esto representa una reducción de 8 respecto a 2021, sumado al conjunto de la producción normativa española en 2022, supone una producción normativa de 1.189 normas. Esto se traduce en 2 novedades normativas estatales y 1 autonómica por día natural.
En cuanto a los Boletines Oficiales autonómicos, en 2022 registraron 1.075.108 páginas, 15% más que en 2021, y alcanzando la cifra más alta en los últimos 11 años. En conjunto, la suma de las páginas de los boletines estatales y autonómicos fue de 1.329.865 en 2022, convirtiéndose en el sumatorio más alto de la última década, 29,7% por encima de la media. De hecho, las Comunidades Autónomas fueron responsables del 80,8% de todas las páginas publicadas en los Boletines Oficiales en 2022. Como en otros años, el informe valora que esta situación “afecta significativamente a la unidad de mercado y a la seguridad jurídica”.
En el ámbito europeo, el informe destaca que “el continuo avance de la integración europea se traduce en un mayor número de leyes y decisiones nacionales que se derivan … de las normas aprobadas” en Bruselas. Según recoge el informe, el número de actos jurídicos adoptados en 2022 ascendió a 2.249, distribuidos en 1.041 reglamentos, 28 directivas y 1.180 decisiones. Esto supone un incremento del 3,4% respecto a 2021, aunque ya se vivía una tendencia creciente en producción normativa desde 2018. Esta producción normativa se suma a las 30.032 normas del entramado legislativo europeo, que el informe desglosa por tipología y por ámbito político.
El informe subraya las conclusiones a las que llega la Comisión Europea en la publicación anual ‘Esfuerzos de la UE para simplificar la legislación: encuesta anual de cargas de 2021’. La publicación señala que la pandemia y la invasión de Ucrania “han causado importantes desafíos para los ciudadanos y las empresas de la UE”, contexto que “subraya la importancia de evitar costes y cargas innecesarias, garantizando, al mismo tiempo, que la legislación de la UE alcance sus objetivos”.
Por lo tanto, el informe valora que la presidencia del Consejo de la UE en la segunda mitad del año ofrece a España una oportunidad para promover los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en la regulación, así como destacar el “importante papel” de las directrices de ‘Better Regulation’ para una legislación de calidad basada en pruebas, simplificada para evitar cargas necesarias, y que involucre a los ciudadanos, empresas y partes interesadas en el proceso de toma de decisiones; o el programa REFIT para legislar bajo en principio de “uno dentro, uno fuera” para reducir la carga regulatoria.
