El Semestre Europeo es un proceso institucional comunitario anual, mediante el cual los Estados miembros coordinan sus políticas macroeconómicas y abordan los retos económicos comunes. Asimismo, en el proceso del Semestre Europeo, la Comisión Europea evalúa las políticas económicas y las estrategias presupuestarias nacionales de los Estados miembros, basándose en los programas nacionales de reforma y en los programas de estabilidad o convergencia preparados cada año.
Sobre la base de esta evaluación, la Comisión suele presentar un informe de recomendaciones específicas para cada Estado miembro. En junio, el Consejo de la UE aprobó las recomendaciones específicas. En el caso de España, la Comisión señala que nuestro país padece un deterioro de la calidad legislativa, así como problemas de hiperregulación.
Según el documento, existen “factores estructurales” como la “fragmentación del mercado, la regulación dependiente del tamaño y las cuestiones relativas a la calidad de la legislación” que “siguen obstaculizando el crecimiento de la productividad”. En concreto, el informe subraya que “hay margen para seguir mejorando el entorno empresarial”, y destaca las siguientes deficiencias en España:
Calidad legislativa:
El informe pone de relieve las “carencias” en materia de “calidad de la legislación”. Esto se debe especialmente al “uso frecuente de procedimientos de emergencia” como Decretos para aprobar leyes, que España utiliza para aprobar “rápidamente leyes en el Parlamento“.
Según la Comisión, estas técnicas legislativas “debilitan la calidad de la legislación”, y resulta asombroso que, según el informe, “a diferencia de lo ocurrido en otros países de la UE, la pandemia de COVID-19 no dio lugar a un mayor uso de estos procedimientos en el caso de España”, porque en España los plazos medios de aprobación de leyes ya eran aproximadamente un tercio de lo que son en la UE de media, y España ya aprobaba tres veces más leyes en 30 días o menos que el resto de Estados miembros.
En definitiva, las “carencias” en “calidad de la legislación” generan “distorsiones económicas” que “obstaculizan especialmente la creación y el crecimiento de las empresas, así como el espíritu empresarial, los coeficientes de inversión y la productividad”.
Eficiencia judicial:
La Comisión también apunta a las deficiencias en la “eficiencia judicial”, y las consiguientes “distorsiones” que genera para los agentes del tejido económico. En concreto, el informe subraya que “los plazos de resolución de asuntos civiles y mercantiles siguen siendo largos” por los “cuellos de botella judiciales”.
En este respecto se señala la problemática de la “demora en la renovación del Consejo General del Poder Judicial” así como los “prolongados debates sobre la adaptación del sistema de nombramientos del Consejo a las normas europeas en materia de independencia judicial”.
Fragmentación normativa:
El informe señala que “las administraciones públicas españolas han aumentado de forma paulatina y notable su capacidad para aprobar leyes”, y en concreto, la “distribución constitucional de competencias ha aumentado progresivamente la capacidad de los gobiernos de las comunidades autónomas para aprobar legislación”. A su vez, esto ha generado “fragmentación normativa”.
Tal y como viene poniendo de relieve FORO REGULACIÓN INTELIGENTE, el informe de la Comisión subraya que “los estudios disponibles relacionan los bajos índices de creación de empresas, productividad de las empresas y eficacia judicial con el creciente volumen y complejidad de la legislación española y con la fragmentación normativa”.
Limitada evaluación ex post de las políticas:
El informe también destaca la “limitada evaluación ex post de las políticas”. La Comisión destaca que España “está menos avanzada que la media de la UE-27” en esta materia, y que es un área de mejora importante porque la evaluación ex post de las políticas públicas es un procedimiento fundamental para “garantizar que se mantenga actualizada y se ajuste a su finalidad”.
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