El 29 de mayo, la mañana después de las elecciones autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 23 de julio. La siguiente mañana se publicó en el BOE y entró en vigor el Decreto de disolución de las Cortes Generales y de convocatoria de las elecciones. Con esta convocatoria anticipada, queda paralizada la tramitación de todas las iniciativas registradas, por lo que se da un respiro en producción regulatoria a España.
Concretamente, quedará paralizado el trámite de 60 Proyectos de Ley del Gobierno y 157 Proposiciones de Ley de otros grupos parlamentarios. De los 60 Proyectos de Ley que quedan sin aprobar, 26 son Proyectos de Ley ordinarios, y 34 provienen de la tramitación de Reales Decretos-leyes. A continuación, destacamos los 26 Proyectos de Ley ordinarios cuya tramitación ha decaído debido a la disolución de las Cortes:
- Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública: esta Ley hubiera creado la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado para mejorar la salud de la población, la equidad y bienestar en materia de salud, proteger a la población frente a riesgos y amenazas sanitarias, y fomentar la coordinación entre administraciones y agentes.
- Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario: esta Ley tenía previsto prevenir y reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria, promover una gestión más eficiente de los recursos, y fomentar la donación de alimentos.
- Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa: esta Ley hubiera regulado el derecho de defensa en el ámbito judicial.
- Proyecto de Ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico: esta Ley hubiera regulado la minoración de la retribución de las centrales inframarginales y no emisoras puestas en servicio con anterioridad a la entrada en vigor del mercado de derechos de emisión.
- Proyecto de Ley de Familias: esta Ley hubiera garantizado el reconocimiento jurídico de la diversidad de modelos familiares, y hubiera establecido un marco de actuaciones para garantizar una política integral de apoyo a las familias. También hubiera establecido diferentes tipos de permisos de cuidado para familiares.
- Proyecto de Ley básica de bomberos forestales: esta Ley hubiera establecido un marco regulatorio para regular el estatus, los derechos, las obligaciones y las funciones de los bomberos forestales que realicen actividades de extinción de incendios forestales y actividades de prevención, detección, vigilancia, labores de información a la población, y de apoyo a las contingencias se produzcan en el medio natural y rural.
- Proyecto de Ley básica de agentes forestales y medioambientales: esta Ley hubiera establecido el régimen jurídico básico de los agentes forestales y medioambientales, y hubiera establecido un marco jurídico para el desempeño de sus funciones de policía, custodia y vigilancia de los bienes forestales y ambientales, y de policía judicial.
- Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos: esta Ley hubiera creado la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, cuyo fin hubiera sido realización de actividades administrativas, y el impulso y ejecución de la política, en materia de derechos de autor y conexos.
- Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual: esta Ley tenía el objetivo de regular la actividad cinematográfica y audiovisual, y fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales.
- Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes: esta Ley hubiera creado la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, para establecer un sistema público de resolución extrajudicial de los litigios surgidos entre las entidades y los clientes que operan en los sectores financieros, establecer el régimen de recursos ante la jurisdicción ordinaria que de dicho sistema se deriva, e impulsar la educación financiera.
- Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia: esta Ley hubiera regulado la utilización de las tecnologías de la información en el ámbito de la Administración de Justicia y otras dependencias, asegurando la seguridad jurídica digital, el acceso, autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación, portabilidad e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios.
- Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Ley 9/2011, de 10 de mayo, de tasas consulares: esta Ley hubiera traspuesto tres Directivas Europeas en materia de impuestos especiales, impuestos especiales sobre el alcohol, el IVA, el régimen general de los impuestos generales en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la UE, y los impuestos especiales a los hidrocarburos y la electricidad.
- Proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico: esta Ley hubiera creado el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para financiar las políticas de fomento de las energías renovables, la cogeneración y la valorización de residuos en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria y nacional en el ámbito integrado de energía y clima.
- Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible: esta Ley buscaba dotar a las administraciones públicas de los instrumentos necesarios para la implantación y desarrollo del sistema integrado de movilidad sostenible para lograr los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, incluyendo a través del establecimiento de tasas para acceder a Zonas urbanas de Bajas Emisiones.
- Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado: esta Ley buscaba ordenar y definir el régimen jurídico de la función pública de la Administración del Estado, así como planificar estratégicamente los recursos humanos con el objetivo de contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios.
- Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud: esta Ley buscaba consolidación de los principios de equidad, universalidad y cohesión del SNS a través de diversas actuaciones incluyendo la recuperación de la cartera única común de servicios.
- Proyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil: esta Ley hubiera creado la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, con la función de realizar investigaciones y adoptar medidas correctivas para prevenir futuros accidentes e incidentes.
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional: la Ley pretendía garantizar que el Estado pudiera disponer de los recursos estratégicos necesarios para hacer frente a los grandes riesgos y amenazas que afecten a la seguridad nacional; y dotar al Estado de herramientas para anticiparse a las crisis y agilizar la toma de decisiones, en coordinación con el resto de Administraciones y actores. Entre otros aspectos, hubiera creado una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial, y un Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica.
- Proyecto de Ley de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y apoyar la reactivación económica: esta Ley procedía del homónimo Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, que establecía medidas de apoyo para paliar las consecuencias de la pandemia y movilizaba 200.000 millones de euros, para actuaciones incluyendo ayudas y apoyo para los trabajadores, familias y colectivos vulnerables, los ERTE, o medidas de garantía de liquidez para sostener la actividad económica.
- Proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo: esta Ley buscaba consolidar la protección jurídica de los periodistas cuando protegen la identidad de sus fuentes, para que ningún periodista sea perseguido por proteger la identidad de sus fuentes.
- Proyecto de Ley por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales: esta Ley tenía el objetivo de regular las enseñanzas artísticas superiores, sus centros, y profesorado; establecer los derechos y deberes del estudiantado; y establecer determinados aspectos relativos a la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.
- Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios: esta Ley promovía una reforma organizativa de la Administración de Justicia, incluyendo mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia, la evolución de los Juzgados de Paz a modernas Oficinas de Justicia en los municipios, y mayor homogeneidad y coordinación en la Administraciones de Justicia.
- Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia: esta Ley buscaba impulsar la Estrategia Justicia 2030, mediante actuaciones como regular la implantación del MASC (medios adecuados de solución de controversias) en los asuntos civiles y mercantiles, reformar las leyes procesales para garantizar los estándares de calidad, optimizar los recursos existentes, agilizar los procesos, y reforzar la seguridad jurídica; así como promover reformas procesales para impulsar la transformación digital.
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea: esta Ley preveía la trasposición de 3 directivas europeas de lucha contra el crimen organizado y la ciberdelincuencia, de lucha contra la corrupción económica, y de intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países y la UE.
- Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela: esta Ley tenía el objetivo de regular los niveles mínimos de calidad y de la evaluación de los servicios de atención a la clientela de las empresas que presten determinados servicios de carácter básico de interés general y de las grandes empresas. Además, mediante una enmienda, se pretendía garantizar el derecho al olvido oncológico.
- Proyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria: el objetivo de esta Ley era lograr un 40% de representación femenina en la Administración Pública, las listas electorales, las sociedades cotizadas, grandes empresas, y colegios profesionales.
También queda decaída la tramitación de varios Reales Decretos-leyes como Proyectos de Ley. Los propios Reales Decretos-leyes no decaerán como consecuencia de la disolución de las Cortes, ya que fueron convalidados por el Congreso en su día. Lo que la convocatoria de las elecciones sí que supone es que decaerá es la tramitación de los Decretos-leyes como Proyectos de Ley, por lo que las Cortes no podrán modificar los Decretos a través de enmiendas.
Además, a pesar de la disolución de las Cortes, la Diputación Permanente del Congreso podrá convalidar Reales Decretos-leyes hasta la nueva legislatura, incluyendo el Real Decreto-ley 4/2023 por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, que ha sido convalidado por la Diputación Permanente esta semana.
A continuación, resaltamos algunos de los más destacables Reales Decretos-leyes que habían sido convalidados y ahora estaban siendo tramitados como Proyectos de Ley, pero cuya tramitación ha decaído debido a la disolución de las Cortes:
- Proyecto de Ley de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones: originaba de la tramitación del Real Decreto-ley 2/2023, por el que se reformaba el sistema público de pensiones, incluyendo a través de un incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas, el establecimiento de un régimen del período de cómputo, así como la creación de un Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
- Proyecto de Ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad: originaba de la tramitación del Real Decreto-ley 20/2022 de medidas anticrisis, incluyendo la supresión del IVA de los productos frescos, reducción del 10% al 5% del IVA del aceite y la pasta hasta finales de junio o hasta que la inflación baje del 5,5%; la prórroga durante 2023 de la reducción del IVA de la electricidad, el impuesto especial sobre la energía eléctrica y la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica; ayudas para sectores como el agroganadero y el electrointensivo; bonificaciones del transporte público; así como otras medidas de apoyo para colectivos vulnerables.
Además, otra importante medida que no había sido formulada como iniciativa legislativa, pero que no obstante hubiera sido trascendente, es la Subida del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades al 15%. El Gobierno había publicado un documento sometido a consulta pública previa sobre la transposición de la Directiva europea 2022/2523 relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud de la Unión. Esta transposición hubiera gravado un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a aquellos grupos que facturan más de 750 millones de euros y estén en países con una imposición inferior. También gravaría a las filiales de estos grupos que estén en España con un impuesto complementario para compensar su baja imposición.
