Foro Regulación Inteligente ha presentado recientemente en Valladolid un informe que alerta del peligro que supone el exceso de burocracia en el desarrollo de proyectos renovables en Castilla y León. Según el informe de FRI, la región tiene una oportunidad de oro en términos de inversión, sostenibilidad y riqueza. Por lo tanto, FRI valora que es prioritario apuntalar el crecimiento de las energías renovables, puesto que su posición de partida es más discreta y el margen de crecimiento es enorme.
Actualmente Castilla y León concentra el 17,8% de la potencia renovable de España, muy por encima de su peso demográfico del 5%, y siendo la comunidad con la mayor potencia renovable instalada. En total, la energía renovable constituye el 96% del total de potencia energética instalada en Castilla y León. Esto la convierte también en la primera comunidad autónoma de España en términos de volumen de energías renovables respecto a su total, ya que 90% de la energía se genera con renovables. Según Diego Sánchez de la Cruz, “esta posición de liderazgo y la inversión asociada se vería amenazada como consecuencia de la burocracia administrativa y las trabas existentes”.
Un ejemplo práctico de ello es lo que sucede en el municipio de Renedo de Esgueva, en la provincia de Valladolid, donde se ha parado la construcción de una planta fotovoltaica con una inversión prevista de 40 millones de euros, además de 5 millones de euros previstos en aportación a las arcas municipales y la creación de 100 puesto de trabajo. De forma incomprensible, esta operación ha sido bloqueada por la corporación municipal, a pesar de cumplir con todos los trámites burocráticos pertinentes, incluyendo las declaraciones positivas de impacto ambiental y de utilidad pública.
Conclusiones y recomendaciones:
Según Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente, “el sector de las energías renovables ofrece una importantísima oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, especialmente para Castilla y León, una región con unas condiciones inigualables para convertirse en líder europea en generación e inversión verde, pero ello requiere de un marco de seguridad jurídica. En caso de no producirse cambios en los complejos procesos burocráticos, las consecuencias no solo afectarán a las empresas dedicadas a esta rama de la producción, sino también a toda la economía regional”.
Si España y Castilla y León quieren conseguir los objetivos marcados por Bruselas, es vital generar seguridad jurídica, para lo que nuestro país debe repensar su marco regulatorio para convertirlo en algo mucho más ágil e inteligente. En caso de no producirse este cambio, las consecuencias no solo afectarán a las empresas dedicadas a esta rama de la producción, sino también a toda la economía regional y nacional.
En el informe, se destacan 3 elementos del marco regulatorio que lastran el desarrollo de las renovables: 1) el sistema de hitos administrativos que se deben cumplir para la aprobación de los proyectos de renovables, pero que genera plazos dilatados, trabas, cuellos de botella, y en definitiva inestabilidad jurídica; 2) la inseguridad jurídica generada por la modificación a posteriori de las de las condiciones ofrecidas a los inversores de proyectos de renovables, que ha desencadenado denuncias de arbitraje contra España, que ya suman 1,2 millones de euros, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) del Banco Mundial por posibles incumplimientos del Tratado de la Carta de la Energía; y 3) la Arbitrariedad administrativa generada por la discrecionalidad de distintos niveles administrativa como las corporaciones municipales a la hora de dar luz verde a los proyectos, como sucede en el estudio de caso del informe de FRI sobre el proyecto para la instalación de dos parques de energía solar fotovoltaica en la provincia de Valladolid.
Entre las principales conclusiones y recomendaciones que aporta el informe, destaca que España en general, y Castilla y León en particular se enfrentan a numerosos retos, uno de los más importantes es el de aumentar su producción energética, que debería estar más diversificada y tener un menor impacto en el medio ambiente. Para ello, según el informe, se requiere apostar decididamente por las energías procedentes de fuentes renovables, como son el caso de la eólica y especialmente la energía solar fotovoltaica en el caso de Castilla y León. España necesita nuevas inversiones porque, a pesar de los objetivos políticos, sólo ocupamos una posición intermedia en los rankings europeos de despliegue renovables.
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