El problema de la hiperregulación se ha convertido en una de las principales preocupaciones del empresariado español. FORO REGULACIÓN INTELIGENTE (FRI) lleva siete años trabajando en esta cuestión y ha podido constatar la importancia que han adquirido estos asuntos para el sector privado de nuestro país.
Recientemente, se han publicado tres informes referidos a esta cuestión, emitidos por nuestra organización, la CEOE y el Banco de España. Todos estos trabajos analizan el impacto de la profusión regulatoria en España sobre la seguridad jurídica y la economía. En línea con investigaciones anteriores, se constata la inmensa complejidad normativa que está desarrollándose en la economía española y, más específicamente, la cuestión de la inseguridad jurídica y la sobrecarga regulatoria observada a nivel autonómico.
Tanto nuestras investigaciones como las de la CEOE y el Banco de España identifican una tendencia al alza en la profusión regulatoria de las comunidades autónomas españolas. De hecho, la profusión regulatoria ya sobrepasa a la estatal según algunas métricas. Así, como pone de relieve el estudio elaborado por la CEOE, las comunidades autónomas fueron responsables del 80,8% de las páginas publicadas en los Boletines Oficiales a lo largo de 2022 (emitieron 1.075.108 sobre un total de 1.329.865). Este volumen supone un 15% más que en 2022 – y la cifra más alta de los últimos once años. En cuanto al número de novedades legislativas, el análisis publicado por la CEOE demuestra que, en 2022, las comunidades autónomas aprobaron 340 normas con rango de ley. En la misma línea, el estudio del Banco de España revela que, durante el periodo democrático (1979-2022), las comunidades autónomas han aprobado al menos 286.459 normas, lo que supone un 69,1% del total (414.272 regulaciones aprobadas en todos los niveles).
Así, aunque las cifras y periodos de estudio recogidos en ambos informes varían, lo cierto es que concurren en la enorme magnitud de la profusión regulatoria autonómica y coinciden también a la hora de señalar el importante peso que ha adquirido la normativa regional sobre la producción regulatoria del conjunto de las Administraciones.
El análisis estadístico de los diferentes informes permite hacer una comparativa de la profusión regulatoria observada en las 17 comunidades autónomas. Hay que tener en cuenta que el ranking varía en función de la métrica empleada para calcular la producción normativa. No obstante, hay ciertos patrones que se pueden resaltar. Por ejemplo, hay algunas regiones que destacan en buena parte de los indicadores por figurar entre las comunidades con mayor producción normativa, caso de Cataluña, Comunidad Valenciana y, en menor medida, Andalucía o Castilla y León.
Si analizamos el promedio de nuevas normas aprobadas por las comunidades autónomas en el periodo 1995-2020, las regiones con mayor profusión normativa son Cataluña (772 nuevas normas), Andalucía (682), Castilla y León (583), Galicia (565) y Comunidad Valenciana (554).
En cuanto al número de páginas en los Boletines Oficiales Autonómicos durante el pasado ejercicio 2022, las cinco comunidades con normativas más extensas fueron Cataluña (166.405 páginas), Madrid (93.487), Castilla y León (93.193), Andalucía (90.544) y Comunidad Valenciana (74.243).
Finalmente, analizando el promedio del número anual de normas con rango de Ley aprobadas durante el periodo reciente de 2014-2022, encontramos que las comunidades más intervencionistas habrían sido Navarra (38,4), Cataluña (32,9), Comunidad Valenciana (26,4), Andalucía (20,6) y las Islas Baleares (20,4).
Además, el estudio del Banco de España presenta una importante conclusión sobre el impacto económico de la profusión regulatoria autonómica. De acuerdo con su análisis, los incrementos observados en el Índice de Complejidad Regulatoria tienen una incidencia variable en clave territorial, dependiendo del grado de hiperregulación observado en cada comunidad (este Índice mide el volumen de nuevas regulaciones adoptadas al año por comunidad autónoma y por sector económico). Así, Madrid es la región que menos ha incrementado su producción normativa y, de forma correspondiente, plantea un mejor contexto regulatorio y un menor volumen de costes asociados a tal circunstancia. En cambio, Castilla-La Mancha protagoniza este indicador como región donde más se ha expandido el volumen regulatorio.
En la región donde menos se ha multiplicado la profusión (la Comunidad de Madrid), un incremento en la profusión conllevaría una caída del 0,07% en la tasa de empleo y del 0,1% en la intensidad de la mano de obra; mientras que en la región donde más se ha multiplicado la profusión (Castilla-La Mancha), el incremento en el índice de complejidad regulatoria estaría asociado con caídas mayores, del 0,2% tanto en la tasa de empleo como en la intensidad de la mano de obra.
A la luz de los efectos económicos nocivos que tiene la profusión regulatoria autonómica sobre la actividad económica, desde Foro Regulación Inteligente formulamos seis recomendaciones que pueden implementarse para mejorar los procesos regulatorios y aumentar la seguridad jurídica, con el consecuente impulso para la actividad económica:
1. Promover auditorías de regulación (‘regulatory review’). Se trata de un proceso de evaluación para revisar periódicamente las normas existentes, con el fin de analizar su utilidad, y proceder a su simplificación o eliminación, según corresponda. Ha sido desarrollado con éxito en países como Canadá.
2. Implementar los principios regulatorios europeos del programa REFIT. Asumiendo como propio el modelo de desarrollo normativo implementado desde 2019 por la Comisión Europea, los poderes públicos deberían enfocar la práctica normativa con el enfoque de “una más, una menos”, para compensar la introducción nuevas exigentes regulatorias con la eliminación de regulaciones existentes. El modelo REFIT también prevé el desarrollo de evaluaciones de impacto y controles de adecuación, para simplificar la regulación y eliminar los costes superfluos.
3. Promover las fechas de caducidad (‘sunset clause’) en las prácticas de regulación. En este caso, el mecanismo empleado consiste en implementar previsiones que ayuden a que todas las normas y regulaciones tengan una fecha de caducidad, es decir, una fecha en la que los poderes legislativos se vean obligados a su rediseño, actualización y mejora. Los plazos deberían ser lo suficientemente largos para que se pueda analizar el efecto de las regulaciones y, al mismo tiempo, se evite la inestabilidad e inseguridad jurídica que generaría un proceso de revisión demasiado continuado. Sin embargo, los plazos también deben ser lo suficientemente estrechos como para evitar que las consecuencias indeseadas de la regulación se prolonguen durante demasiado tiempo. Por lo tanto, el horizonte de referencia deben ser 5-10 años.
4. Regular bajo los principios europeos del modelo de regulación inteligente (‘Better Regulation’). Se debe promover una técnica regulatoria basada en las pruebas y los datos contrastados, haciendo obligatorio el análisis coste-beneficio de las normas y su estudio ex ante y ex post por parte de autores y expertos independientes.
5. Implicación de los agentes y sectores afectados. Otra de las buenas prácticas propias de la regulación inteligente es el diálogo con los sectores o agentes afectados por las distintas normativas que hay en vigor. Se debe implicar a estos agentes en el proceso de toma de decisiones, para que la regulación sea más efectiva y no genere cargas indeseadas o ineficientes sobre los agentes y sectores económicos.
6. Promover la unificación y armonización de la regulación. La profusión regulatoria autonómica y la superposición de regulaciones en los distintos niveles de las Administraciones Públicas suponen un grave problema de duplicidad regulatoria e inseguridad jurídica para España. Esto quiebra la unidad del mercado interno, impone costes excesivos a las empresas, y en definitiva, lastra la actividad económica y la competitividad. Por lo tanto, desde todos los niveles administrativos, se debe trabajar para armonizar la regulación y reducir las duplicidades. Un buen paso es la Ley de Mercado Abierto de la Comunidad de Madrid, que reconoce automáticamente permisos y licencias ofrecidos por otras regiones españolas, recuperando así el espíritu de la Ley de Unidad de Mercado.
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