La seguridad jurídica en España está lastrada por la inmensa profusión regulatoria que sufre la economía de nuestro país, marcada por un complejo marco legislativo que no ha hecho más que crecer desde la llegada de la democracia, con picos muy importantes en la crisis financiera de 2008-2010 y la pandemia de 2020-2021.
Así lo pone de manifiesto un reciente informe del Banco de España titulado ‘Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España’. La principal conclusión del trabajo es que, a lo largo del periodo democrático (1979-2022), España ha introducido una “complejidad regulatoria” que ya alcanza un total de 414.272 leyes impulsadas en distintos niveles administrativos.
Según el estudio, “a lo largo del tiempo, todas las medidas que evalúan la complejidad regulatoria han ido aumentando de la mano; el volumen de normativas ha crecido, al tiempo que la legibilidad de los textos ha disminuido y los enlaces de referencia (necesarios para su comprensión) también han aumentado”. El organismo regulador considera, de hecho, que las cifras avalan que “una mayor complejidad normativa tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y el mismo efecto dañino sobre el valor añadido”.
El Banco de España ha analizado una base de datos que incluye 206.777 leyes de todas las administraciones, aprobadas entre 1995 y 2020 y centradas en regular determinados aspectos de la actividad económica, para discernir el impacto económico de la profusión regulatoria. La principal conclusión de este análisis es que “la complejidad normativa genera distorsiones a nivel sectorial” y “conlleva costes sectoriales sustanciales”, como “una menor intensidad de mano de obra y una disminución de las tasas de inversión sectorial”, así como “salarios reducidos”. Concretamente, cada aumento adicional del índice de complejidad regulatoria conlleva una caída del 0,7% en las tasas de empleo del sector en cuestión, así como del 0,1% en la intensidad de mano de obra sectorial, y del 0,08% en la tasa de inversión en la rama de actividad sobre la que se imponen las normas.
El documento también analiza el efecto de la complejidad normativa por tipos de empresa, y concluye que “el impacto negativo de la complejidad regulatoria se concentra en las empresas más pequeñas y jóvenes”. En concreto, un aumento del 10% en la profusión normativa está asociado con una caída del 0,5% en el empleo de las PYMEs con menos de 10 trabajadores. En definitiva, la investigación señala que “la complejidad regulatoria impone un coste que resulta más difícil de gestionar para las empresas pequeñas y con menos experiencia”.
También se han estudiado las diferencias en el grado de profusión regulatoria entre sectores y comunidades autónomas. Respecto a las diferencias sectoriales, se concluye que los cinco sectores más regulados son la agricultura (con cerca de 1.300 leyes al año de 1995 a 2020), la construcción, los servicios profesionales, la energía y el agua, y los servicios financieros. En cambio, los sectores industriales estarían menos regulados, en términos comparados. Por otro lado, en lo referido a las diferencias territoriales, destaca la magnitud de la profusión regulatoria a nivel autonómico (el 73%, o 219.903 de las nuevas normas aprobadas entre 1995 y 2020 eran autonómicas) y la intensidad regulatoria de Cataluña y Andalucía, que entre 1995 y 2020 presentan un promedio de 772 y 682 nuevas regulaciones anuales, respectivamente. En cambio, las regiones con menos intensidad regulatoria son Navarra, Madrid, Baleares, País Vasco, La Rioja y Cantabria, con cifras inferiores a 400 normas por año.
En conclusión, el informe del Banco de España resalta “la importancia y las consecuencias del Better Regulation” y la regulación inteligente. Este informe se suma a otros como el estudio anual de la CEOE sobre la “Producción normativa” o el reciente informe de Foro Regulación Inteligente sobre “El lastre de la duplicidad normativa en España”. Todas las instituciones mencionadas compartimos el diagnóstico sobre el efecto dañino que se deriva de la profusión normativa y la burocracia impuesta a la actividad económica.
