La semana pasada, el PP y VOX anunciaron un acuerdo de Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el PP logró 40 de los 99 escaños de las Cortes Valencianas, y VOX 13 escaños. Con este acuerdo de Gobierno, la coalición conformada por el PP y VOX alcanzaría una mayoría absoluta de 53 escaños, por lo que Ximo Puig sería desbancado del Gobierno, y Carlos Mazón sería investido como nuevo presidente de la Generalitat.
En el acuerdo de Gobierno suscrito por el PP y VOX, se incluyen dos compromisos específicos con la regulación inteligente. En el punto 5, los partidos se comprometen a eliminar “las trabas burocráticas y legislativas para todos los ciudadanos de la región con el objeto de agilizar los trámites y establecer un marco para defender la libertad de todos los ciudadanos”. Además, en el punto 12, se comprometen a modificar “la legislación actual para eliminar las trabas excesivas que provocan que nuestras empresas compitan en inferiores condiciones respecto a productores e industrias extranjeros”.
Este compromiso del acuerdo para promover una estrategia de regulación inteligente es muy positivo para la Comunidad Valenciana y para el conjunto de España. Cabe recordar que varios informes y estudios señalan a la Comunidad Valenciana como una de las regiones con mayor profusión regulatoria y asfixia tanto burocrática como fiscal, que lastran la actividad económica. La Comunidad Valenciana es la quinta región con el mayor promedio de nuevas normas aprobadas entre 1995 y 2020, concretamente 554, por encima de la media nacional de 468. De todas las comunidades autónomas, esta región también tiene el quinto Boletín Autonómico más largo, con 74.243 páginas en 2022.
Además, la profusión regulatoria parece estar correlacionada con el periodo de gobierno de izquierdas en la Generalitat desde 2015, ya que en el periodo de 2014-2022, la Comunidad Valenciana fue la tercera región que más normas con rango de Ley aprobó, concretamente un promedio anual de 26,4. También cabe resaltar que, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la Comunidad Valenciana es la segunda con la mayor presión fiscal normativa (116,3 respecto a la media nacional de 100), y su Índice de Competitividad Regional, 92,0, está por debajo de la media española (92,5), y de la UE (100,0).
Por lo tanto, la estrategia de regulación inteligente del futuro ejecutivo regional valenciano es prometedora para la competitividad económica de la Comunidad Valenciana. Se sumaría a las estrategias de regulación inteligente ya implementadas por gobiernos como el de la Comunidad de Madrid. Desde 2020, el ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha aprobado 205 reformas de mejora regulatoria, simplificación administrativa y derogación normativa. Destacan la Ley de Mercado Abierto, la Aceleradora de Inversiones, la Comisión de Simplificación Normativa, o la Ley Ómnibus.
De cara a las elecciones autonómicas del 28-M, el Partido Popular recogió en su programa electoral un compromiso para mejorar la “seguridad jurídica” a través de la “generación de un contexto de estabilidad, certidumbre y confianza”, y “mejoras de la calidad normativa y legislativa”. A la luz de los resultados electorales, sería positivo que todos los nuevos ejecutivos regionales aparte del de la Comunidad Valenciana impulsaran la regulación inteligente.
