El impuesto de sucesiones, encargado de tasar el traspaso de herencias, resulta polémico en nuestro país. Sin embargo, el Gobierno ha prestado una especial atención a la recomendación de aumentar la presión fiscal sobre este impuesto que la OCDE ha dirigido a todos los países con una economía desarrollada. Las intenciones del Gobierno en cuanto a una mayor recaudación fiscal y una oposición al gobierno de la comunidad de Madrid han provocado un gran interés ante el consejo parisino.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta una serie de cuestiones antes de sentirse aludido y tratar de implementar esta subida tan innecesaria como poco recomendable en nuestro país. La primera de todas es que España forma parte de los países desarrollados con una menor acumulación de riqueza (situándose como el octavo país de la OCDE con menor concentración), que además se encuentra en descenso a lo largo de su evolución histórica. Esto quiere decir que la medida no responde a ningún estímulo ni necesidad por parte de la ciudadanía. Además, la valoración de los activos de España ha descendido. Dicho descenso solo ha sido superado por Italia, Grecia y Eslovaquia. Por lo tanto, la tendencia se mueve hacia acumular menos bienes, y estos tienen menor valor.
Si a estas razones se le suma que el aumento en el impuesto se realiza en beneficio de los gobiernos y su mayor recaudación, esta medida puede ya calificarse de contraproducente e incluso perjudicial, puesto que en tiempos de pandemia y ante la llegada de una de las mayores crisis económicas que va a sufrir España, el Gobierno no estaría mirando por los ciudadanos, sino en su contra. Reduciendo sus potenciales ganancias y no teniendo en cuenta tan siquiera la posibilidad de reducir sus partidas de gasto solo se promueve un ensañamiento fiscal perjudicial para los ciudadanos e insignificante en lo que a la recaudación gubernamental supone (su peso medio sobre los ingresos tributarios es de apenas un 0,5%).
Como defendía Alberto Alesina (que en paz descanse), elevar la presión fiscal tiene efectos nocivos sobre la inversión, el crecimiento, el consumo o la confianza empresarial, cuando la reducción de gasto tiene el efecto inverso.
Finalmente, cabe concluir con la aclaración de que España ya supera el promedio en cuanto al impuesto que reclama la OCDE, y, por lo tanto, sería comprensible entenderlo como una medida necesaria para otros países que no aplican (o apenas aplican) este tributo.
