El problema de la sobrerregulación aqueja a buena parte de las economías de Occidente. Quizá el único líder político que se ha lanzado en tromba contra la continua acumulación de leyes, normas y disposiciones es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo Gobierno ha ahorrado 18.000 millones al sector privado por esta vía.
La Casa Blanca ha conseguido estas mejoras reduciendo en un 92% la publicación de nuevas regulaciones y eliminando o suspendiendo la entrada en vigor de más de 1.600 reglas. El buen desempeño que ha tenido la economía de Estados Unidos en este contexto de menor presión normativa parece haber animado a los partidos españoles a proponer medidas que avanzan en esta dirección.
Vox ya se había pronunciado en este sentido. El partido de Santiago Abascal defendió la posibilidad de eliminar cinco normas por cada nuevo decreto aprobado. Pues bien, ahora es Pablo Casado quien aborda el tema, pero esta vez con la mirada puesta en armonizar los distintos estándares legislativos que han impulsado los gobiernos autonómicos españoles.
Hay que tener en cuenta que, desde los años 70, el poder Ejecutivo y la rama Legislativa han impulsado más de 42.000 leyes y normativas, de modo que una parte de la desregulación tiene que desarrollarse en el plano nacional. Sin embargo, la parte del león está desde hace años en las instancias regionales, donde el promedio de la última década habla de 762.000 páginas de nuevas regulaciones ¡cada año!
Esta ensalada normativa ha terminado por fragmentar la unidad de mercado, puesto que las comunidades autónomas fijan tratamientos regulatorios diferentes para un mismo producto o servicio, multiplicando por 17 el coste normativo de operar dentro de nuestro propio país. Para salvar estas dificultades, el PP ya ha movido ficha en tiempos anteriores a través de dos líneas de trabajo:
– La Ley de Unidad de Mercado, cuya medida estrella era la adopción de una licencia única pero que se ha topado de bruces con el Tribunal Constitucional.
– La estrategia del Gobierno de La Rioja, que pretende extender el reconocimiento automático a la operativa de toda actividad económica que ya haya sido autorizada por otra región.
Casado quiere avanzar en esta dirección, de modo que ha sugerido una ley de armonización que defienda la unidad de mercado y permita “operar en una u otra región con la validez inmediata de un permiso obtenido en otra autonomía”. El líder de los populares quiere “acabar con estas barreras”, que considera “ilógicas”.
La CEOE ha divulgado diversos informes en los que se cifra el valor de la unidad de mercado en 45.000 millones de euros. Dicho cálculo bebe de las estimaciones de Paulo Cecchini, arquitecto del Mercado Único europeo. El inventario de distorsiones existentes supera las 80 barreras a la unidad de mercado, considerando obstáculos fiscales, falta de criterio único para el comercio de servicios o medidas que afectan a la industria.
*Artículo publicado originalmente en Libre Mercado.