Estas últimas semanas hemos conocido el fallo del Tribunal Supremo sobre la corrupción de los ERE tras 11 años de la instrucción, la disolución de Abengoa tras varios rescates fallidos o que el nuevo impuesto del Gobierno a la banca y a las energéticas puede acabar en los tribunales. Noticias que esconden conceptos como la lentitud de la justicia o la seguridad jurídica y que evidencian el buen o mal funcionamiento de nuestro sistema judicial, con consecuencias económicas.
Sobre ello ha hablado Juan Mora Sanguinetti, abogado y economista del Banco de España, en Canal Sur Radio, quien ha publicado recientemente su libro La factura de la injusticia, donde da algunas claves sobre el exceso de regulación administrativa.
“El buen funcionamiento de la justicia influye de modo trascedente en la economía, pero a veces se olvida este hecho de forma intencionada”, afirma el experto. Así, sostiene que “la justicia es el elemento más importante de desarrollo económico de un país en el largo plazo”.
En este sentido, el libro comprueba cómo en España son necesarios 272 días de media para resolver un litigio de naturaleza privada (civil) en primera instancia. Estamos peor que Alemania (200 días), mejor que Inglaterra (350 días) y en niveles similares a los observados en Francia (274).
Hiperregulación
El volumen confirma el problema de inflación normativa al que se enfrenta España. Sanguinetti apunta que en nuestro país se emiten cerca de 12.000 normas nuevas cada año, una gran cantidad que genera “potenciales problemas y fricciones” que, a su vez, “congestionan potencialmente la justicia” e influye de forma negativa en la competitividad del país, la inversión, los mercados inmobiliarios o el crédito. Como es evidente, el exceso de regulación abre las puertas a un número mucho más grande de litigios y conflictos judiciales. No sorprende, además, que las empresas españolas provisionen 12.000 millones de euros anuales para posibles litigios, ante semejante complejidad regulatoria.
“La seguridad jurídica importa muchísimo porque influye en el crédito al que pueden acceder ciudadanos y empresas y también en la inversión. Es el primer ingrediente para conseguir una región competitiva y que atraiga inversión. Así, está estrechamente relacionada con los buenos niveles de emprendimiento y con el aumento del parque de vivienda en alquiler”, agrega el economista. Una situación en la que salen beneficiadas las zonas menos pobladas, como Murcia, Castilla y León o el norte de España, al estar menos congestionadas: “Los sistemas judiciales más lentos y pesados se relacionan con menos emprendimiento y más inseguridad a la hora de invertir”.
En este sentido, para explicar el efecto que tiene el buen o mal funcionamiento de la justicia en el bienestar de las personas, el autor señala en su libro: “Si se lograra reducir en un punto la congestión del sistema judicial, el mercado del alquiler mejoraría hasta el punto de que Madrid tendría 3.400 viviendas disponibles para arrendar, siendo la mejora de Barcelona de 3.100”.
También se daría un salto “en el tamaño medio de las empresas, cuya dimensión subiría casi un 3% como resultado de replicar las mejoras prácticas judiciales. Esto es especialmente importante, porque las empresas españolas son más pequeñas que las europeas”. De modo que “la seguridad jurídica importa”.
