Uno de los fines de este Gobierno en asuntos económicos es la armonización fiscal. Para conocer la opinión de los españoles en relación con la medida que correrá a cargo de Hacienda, esta ha realizado un estudio a través de su organismo dependiente, el Instituto de Estudios Fiscales.
Los resultados son significativos, puesto que demuestran un amplio rechazo a la pretensión de unificar los tributos autonómicos y terminar con los descuentos y bonificaciones como los aplicados en la Comunidad de Madrid.
El estudio tomó como muestra a mas de 3.000 contribuyentes y revela que el 72,7% de los sondeados está “muy” o “bastante de acuerdo” con la afirmación de que “los impuestos sobre nuestro patrimonio deberían desaparecer cuando ya han sido pagados impuestos sobre ellos, como por ejemplo ocurre con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”. Por el contrario, solo un 27,3% dice estar “poco” o “nada de acuerdo” con la idea de que, sí es conveniente cobrar este tipo de tasa, aunque ello implique crear escenarios de doble tributación.
Por otro lado, resulta esclarecedor conocer la opinión de los encuestados sobre el umbral que debería fijarse para el Impuesto de Patrimonio. Un 53% opina que los niveles actuales son correctos (a partir de 700.000 euros), sin embargo, un 27% consideraría necesaria duplicar la cantidad (hasta 1,5 millones) y otro 13% opina que lo apropiado sería cobrar este tributo por encima de los 3 millones en activos. Un 7% no supo o no quiso contestar. Lo que no se observa entre las preguntas del Instituto de Estudios Fiscales es cuántos españoles rechazan el cobro de un impuesto que ha sido eliminado en el resto de Europa.
Finalmente, el sondeo se interesa por entender el parecer de los contribuyentes con respecto a la regulación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la posibilidad de “armonizar” los tipos aplicados en las distintas comunidades autónomas. Aunque la mayoría considera necesario que exista una uniformidad y menos diferencias territoriales (81,5%), la mayoría cree que la capacidad de fijar tales tributos no debe verse determinada (64,2%) y todavía menos si se emplea para fijar un “suelo mínimo” que haga de escenario para aplicar subidas, pero no rebajas.
