La Curva de Laffer es un concepto económico que representa la relación entre los niveles de imposición y los ingresos fiscales obtenidos. Propuesta por el economista Arthur B. Laffer, que da nombre a la misma, esta gráfica de uso común en los debates sobre la eficiencia del sistema tributario sugiere que aumentar las tasas impositivas tiende a generar más ingresos, pero solamente hasta cierto punto. Así, cuando se rebasan ciertos umbrales fiscales, la adopción de nuevos incrementos impositivos tendría un efecto negativo en la recaudación total de impuestos, puesto que la contracción de la actividad mermaría las bases imponibles de los gravámenes y resultaría en menos ingresos.
Según esta teoría, cuando los impuestos son demasiado altos, pueden desincentivar la actividad económica y la inversión, lo que a su vez afecta negativamente a los caudales públicos. En el extremo opuesto, mantener las tasas impositivas podría estimular la actividad económica y, potencialmente, aumentar la recaudación en relación con un marco de gravámenes más altos en el que sea más difícil crear riqueza.
En el ámbito de la regulación sucede algo parecido. Si el marco normativo aplicable a los operadores económicos está caracterizado por su eficiencia, la actividad económica y empresarial sale beneficiada. Sin embargo, cuando el sistema regulatorio acumula cargas y restricciones excesivas, acaba drenando de recursos a las empresas, reduciendo su capacidad de invertir y su habilidad de crecer, con la consecuente pérdida en el dinamismo productivo y el pulso inversor del sector privado.
Así, aunque la buena regulación reduce los costes de transacción y genera certidumbre y previsibilidad, la acumulación normativa conduce a un mal diseño general del entorno regulatorio, lo que termina aumentando los costes de transacción y genera inseguridad e inestabilidad en el ámbito empresarial. En sentido similar a la Curva de Laffer, esta circunstancia se traduce en una curva como la planteada por el economista italiano Giuseppe di Vita en un influyente estudio publicado en 2015, titulado ‘Institutional Quality and the Growth Rates of Italian Regions: the Costs of Regulatory Complexity’.
Esta representación gráfica visualiza la importancia de entender la relación entre regulación y crecimiento de forma dinámica, puesto que un contexto de estabilidad legislativa e institucional facilita la actividad económica, pero el exceso de restricciones, requisitos y obligaciones administrativas tiene el efecto opuesto y acaba golpeando los niveles de crecimiento.
