Extremadura continúa la senda de la regulación inteligente impulsada por otras regiones como Madrid, Galicia o Andalucía. Así, la Junta de Extremadura ha presentado el proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, con la que sienta las bases para crear un modelo administrativo más dinámico, sencillo y y flexible. El proyecto, que se sustenta en tres líneas de actuación, tiene como objetivo principal sustituir los procedimientos administrativos por declaraciones responsables, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Así, las declaraciones responsables se exigirán para los supuestos en que los interesados precisen de la acreditación de determinados requisitos para el reconocimiento de un derecho o facultad, o para su ejercicio; y las comunicaciones para poner en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.
Además, las labores de comprobación o verificación se mantienen, pero se realizarán de oficio y proactivamente, sin requerir la intervención de los interesados.
Según explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, el nuevo modelo de gestión que establece la ley está basado en la gobernanza por proyectos y articulado a través de las calificaciones integrales, la tramitación conjunta de proyectos y la gestión coordinada de procedimientos.
El tercer objetivo del proyecto de ley es la simplificación administrativa a través de dos vías. La primera, a través de la promoción efectiva de la simplificación en todos los ámbitos competenciales, que conlleva que se remuevan los obstáculos que la impidan o dificulten, así como la realización de las adaptaciones necesarias para ello. La segunda vía de simplificación se centra en las medidas orientadas a flexibilizar la tramitación de los procedimientos, agilizarlos y reducir su duración. Esta medida afecta a cuestiones como la tramitación y emisión de informes, la tramitación urgente de iniciativas normativas, la reducción en los plazos de resolución, los registros y la proximidad a la ciudadanía.
