La Comisión Europea publicó una nueva edición del estudio anual de la carga administrativa de 2021, en el que presenta ejemplos concretos de simplificación de normas de la Unión en áreas como la agricultura y el desarrollo rural, la política de competencia, las comunicaciones, la salud y la seguridad alimentaria, el transporte y la movilidad o el mercado único. En concreto, a lo largo del año pasado, la UE aprobó 35 iniciativas legislativas de simplificación administrativa con el objetivo de disminuir los costes administrativos y de cumplimiento, así como racionalizar, aclarar y ajustar el marco jurídico pertinente cuando sea necesario. Asimismo, se completaron 29 evaluaciones de políticas vigentes y dejó otras 28 en curso.
El estudio anual de la carga administrativa de 2021 destaca los esfuerzos globales que ha llevado a cabo la Comisión para simplificar y modernizar la legislación. Se basa en el principio de “una más, una menos”, por el cual cualquier carga introducida recientemente se compensa mediante la eliminación de una carga equivalente en el mismo ámbito político.
Fuente: European Commission, The European Union’s efforts to simplify legislation. Annual Burden Survey 2021.
Financiación
El Reglamento sobre disposiciones comunes, que entró en vigor en julio de 2021 tras llegar a un acuerdo el Parlamento y el Consejo, establece un marco simplificado y más flexible para la aplicación de subvenciones, préstamos, garantías e instrumentos financieros de capital en régimen de gestión compartida. De este modo, detalla el documento, hay más posibilidades de combinar subvenciones en una sola operación para maximizar el impacto de las inversiones.
Agricultura y desarrollo rural
La institución dirigida por Ursula Von der Leyen comenzó sus trabajos para revisar la legislación agrícola de la UE, teniendo en cuenta el objetivo de “racionalizar el marco jurídico para simplificar y armonizar” los procedimientos de registro de nuevas denominaciones y de modificación de los pliegos de condiciones. El objetivo último es tramitar más rápido las solicitudes y ahorrar recursos.
Comunicación y tecnología
La Comisión adoptó un reglamento para facilitar el acceso a soluciones de identidad digital seguras y fiables y transfronterizos. Asimismo, el nuevo reglamento tenía como objetivo la disminución de los costes administrativos y operativos, así como los gastos relacionados con la seguridad para los proveedores de servicios online. Ciudadanos y proveedores, dice la Comisión, se beneficiarán de esta medida, que, según estima, ya ha permitido un ahorro de entre 3.500 a 7.100 millones de euros. También destaca la revisión de directrices sobre financiación de riesgos, que aclaran y simplifican las normas para que los Estados miembros pueden apoyar y facilitar el acceso a la financiación de las empresas europeas de nueva creación, las PYMES y las empresas con una capitalización media.
Salud y seguridad alimentaria
El Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios pretende garantizar un marco coherente y eficiente para la reutilización de los datos sanitarios y garantizar el libre acceso de los ciudadanos a sus datos sanitarios en toda la UE. La Comisión asegura que la nueva norma reducirá los costes administrativos para los ciudadanos en 162 millones de euros por año.
Movilidad y transporte
La Comisión aprobó una normativa para para los operadores de puntos de carga y los proveedores de servicios de movilidad, que establece unos requisitos mínimos comunes a todos los Estados miembros para simplificar las operaciones comerciales y el uso de las infraestructuras por parte de los consumidores privados y las empresas. “Los mercados y los usuarios se beneficiarán de menores costes de información; los operadores del mercado también se beneficiarán de los costes de cumplimiento de la legislación (debido a la uniformidad de los acuerdos) a medio plazo. Finalmente, las autoridades públicas también sacarán partido de este nuevo reglamento que simplifica la coordinación con los operadores públicos y privados del mercado”, detallan.
Mercado único
La revisión de la Directiva Máquinas, que se aplica a las máquinas nuevas fabricadas en la UE y a las nuevas o usadas procedentes de terceros países, incluye oportunidades de reducción de la carga y de simplificación para los fabricantes que se ocupan de los actos de seguridad de los productos. El Ejecutivo comunitario calcula que se ahorrarán hasta 16.600 millones de euros (o 201.000 euros por empresa de media) en costes de impresión y hasta 15 millones de euros más en costes sociales.
