El impago de laudos internacionales lastra la seguridad jurídica en España

El impago de laudos internacionales lastra la seguridad jurídica en España

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El arbitraje de diferencias Estado-Inversor (ISDS en inglés), es un instrumento importante en el ámbito del derecho internacional público, puesto que dota a los inversores extranjeros de garantías legales que protegen a los operadores de acciones arbitrarias y contrarias a los principios generales del Derecho. En concreto, los procedimientos ISDS habilitan a los inversores iniciar un procedimiento de arbitraje de diferencias ante tribunales internacionales, como por ejemplo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución ligada al Banco Mundial. La mayoría de los países han suscrito los convenios que regulan estos procedimientos, en los que ambas partes designan a un juez árbitro de forma consensuada y reconocen la legitimidad de los laudos que zanjan la disputa.

En 2022, el profesor Nikos Lavranos, Doctor en Derecho y experto en el campo de las inversiones y el arbitraje, publicó de la mano de Foro Regulación Inteligente un interesante informe que evalúa el grado de cumplimiento de este tipo de laudos. El trabajo documenta la situación observada a finales de 2021, cuando existía un total de 1.190 arbitrajes basados en todo tipo de tratados internacionales. De esta cifra, 807 eran definitivos, 370 estaban pendientes de resolución y 13 estaban en situación desconocida.

De los 807 arbitrajes resueltos, el 37,4% fueron resueltos a favor del Estado que fue denunciado, el 28,4% se saldaron a favor de los inversores, el 19,3% se resolvieron mediante un acuerdo entre las partes y el 12,4% quedaron descontinuados. A lo largo de los años, un total de 130 países o bloques económicos han sido denunciados al menos una vez bajo este tipo de esquema. En total, hay 2.560 tratados internacionales de inversiones que están en vigor y son de plena aplicación.

Para estudiar el grado de cumplimiento, el Índice Lavranos distribuido en España por Foro Regulación Inteligente se centra en los veinte países que han enfrentado más denuncias de este tipo. Entre este grupo de países, hay cinco pertenecientes a la Unión Europea. Las economías lastadas por una mayor litigiosidad en este ámbito serían Argentina, Venezuela, España, Egipto, y la República Checa. En cuanto al incumplimiento de los laudos arbitrales, nuestro estudio concluye que los cinco países con peor bagaje son Venezuela, España, Rusia, Ucrania y Argentina.

En total, España ha participado en 55 procedimientos ISDS. El 63,6% de estos arbitrajes siguen pendientes de resolución, mientras que un 12,7% se han resuelto con victoria de la Abogacía del Estado. En cambio, el 7,3% de los procesos se resolvieron con un acuerdo entre las partes, y el 1,8% se saldaron con la indemnización indicada en el laudo. Llama la atención, eso sí, que el 14,5% de los procesos estén pendientes de pago, pese a que la sentencia es definitiva.

En conjunto, las demanda por daños que se han presentado contra España en estas instancias de derecho internacional suman reclamos por un valor de más de 9.500 millones de dólares. Cosa distinta es qué indemnización fijan los jueces encargados de los procesos, en virtud de su estimación del prejuicio generado.

El informe analiza qué sectores económicos son los más afectados por las demandas de arbitraje, donde destaca el sector de la energía renovable. En total, hay 74 (67,9%) procesos relacionados con dicho ámbito. En España, el grueso de los impagos están vinculados con los laudos que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la instalación de potencia solar o fotovoltaica.

Esta circunstancia genera inseguridad jurídica y afecta severamente la imagen de nuestro país. Las compañías que han sufrido los impagos no se han quedado de brazos cruzados y han reaccionado invocando el embargo y la incautación de todo tipo de activos y bienes del Reino de España, entre ellos la sede británica del Instituto Cervantes, una cuenta bancaria depositada en una filial extranjera del Banco Santander, un edificio de oficinas de la Generalitat de Cataluña, la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, etc. En total, estos activos suman un valor cercano a los 1.000 millones de euros. Además, las empresas afectadas también han invocado el default de cuatro bonos de deuda soberana, complicando la financiación del Tesoro, y han conseguido importantes avances en Australia, donde persiguen el embargo de la filial de Navantia.

Es fundamental promover la seguridad jurídica en España y acabar con la incertidumbre que genera este tipo de circunstancias. La regulación inteligente y el imperio de la ley son palancas esenciales para el crecimiento y el desarrollo de cualquier economía.