Ya está disponible la segunda edición del Índice de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, un proyecto de investigación del académico Nikos Lavranos divulgado con la colaboración de FORO REGULACIÓN INTELIGENTE. Este informe estudia el grado de cumplimiento que exhiben los distintos países del mundo a la hora de cumplir con sentencias adversas en procedimientos vinculantes de arbitraje internacional.
Esta segunda entrega del informe muestra la escalada de obligaciones incumplidas por parte del Gobierno de España, puesto que la primera edición localizó un total de ocho laudos con sentencia firme, frente a los quince que se observan apenas un año después. Además, el estudio advierte de nuevos aumentos en 2024, puesto que ya se han emitido otras diez sentencias más contra España que están sujetas a posibles apelaciones pero, en principio, no se verán modificadas cuando los procesos queden definitivamente zanjados.
Los arbitrajes internacionales son vitales para favorecer la inversión transfronteriza. A lo largo de las últimas décadas se han celebrado 1.257 procesos de este tipo, de los cuales un 70% ya se ha zanjado. El 37% de los procedimientos se han saldado con “victoria” de los gobiernos, mientras que el 28% ha concluido en triunfo de los inversores y el 19% de los laudos fueron resueltos antes de la publicación de la sentencia con algún tipo de acuerdo. Hay otro 14% de expedientes que fueron discontinuados, mientras que en un 3% se emitió una decisión neutral.
En el caso de España, los incumplimientos están asociados al impago de las sentencias que condenan a nuestro país por la retirada retroactiva de las primas renovables. Las 15 sentencias finales o provisionales que ya están encima de la mesa imponen al Estado la obligación de resarcir a las compañías afectadas con un pago compensatorio de aproximadamente 1.200 millones. A esta cifra hay que sumarle otros 250 millones en concepto de gasto en abogados, condenas en costas o intereses de demora.
La decisión del Ejecutivo de dilatar el pago de estas sentencias se está traduciendo en el embargo de bienes y activos del Reino de España en países como Reino Unido, donde el Tribunal Supremo ha autorizado distintas incautaciones de propiedades inmobiliarias y activos financieros. Próximamente se podrían dar situaciones similares en Australia o Estados Unidos. Además, las empresas afectadas han declarado en default técnico distintos bonos de deuda pública, contribuyendo a encarecer la financiación del Tesoro.
FORO REGULACIÓN INTELIGENTE recomienda un acuerdo negociado entre las partes que ponga fin al conflicto, devuelva a España a un escenario de cumplimiento y acabe con un bochorno internacional que sitúa a nuestro país en las posiciones de cabeza de un índice cuyas primeras posiciones incluyen también a regímenes como la República Bolivariana de Venezuela o la Federación Rusa.
