VTC, coches eléctricos de alquiler por minutos, motos eléctricas, bicicletas… y ahora, patinetes. El ecosistema del transporte urbano está cambiando a pasos agigantados en las grandes ciudades. Un cambio que coincide con el movimiento institucional a favor de la peatonalización del centro de las ciudades y la restricción del tráfico privado en las almendras urbanas.
Algo pues que, a priori, beneficia al ciudadano y favorece la labor de gobernantes y legisladores. A los primeros, seguro, pues multiplica sus posibilidades de trasporte urbano. A los segundos, de alguna manera, pues dichas alternativas permiten que sus planes de restricción de los vehículos a motor privados generen menos conflicto. Pero, ¿y a los terceros?
Pues sí, para los legisladores este cambio también debería de ser un beneficio en forma de oportunidad para aplicar los principios de la regulación inteligente. El desafío está ahí; el conflicto abierto entre taxis y empresas gestoras de VTC es evidente. Pero su solución va mucho más allá de buscar el equilibrio adecuado entre licencias de uno y otro trasporte regulado.
El panorama urbano está cambiando, la irrupción de los VTC ha puesto encima de la mesa una necesidad de adaptar la regulación de transporte, pero las bicicletas -privadas y de alquiler, eléctricas o tradicionales-, los coches y motos eléctricas de alquiler por minutos y ahora los patinetes –los desplegados recientemente en Madrid están participados por Uber y Google– suponen un verdadero desafío a los reguladores.
Debe de acometerse una normalización del uso de todos estos vehículos que ya son una realidad en ciudades como Madrid, una regulación suficientemente amplia como para aglutinar a todas las modalidades de transportes alternativos ya existentes pero que permita acoger a los que están por llegar. Sólo de esta manera se logrará convertir el desafío en lo que realmente es: una oportunidad para hacer de la ciudad un espacio de convivencia moderno y adaptado a las necesidades de todos los usuarios.
