Si hay un caballo de batalla en materia de regulación inteligente, ése es el sector de la llamada economía colaborativa y, en concreto, el de las viviendas de alquiler turístico. El futuro normativo de este sector será clave a la hora de atisbar la consolidación de una filosofía regulatoria coherente en línea de la eficiencia normativa.
Algo que ha puesto encima de la mesa recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su Estudio sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España. Un trabajo en el que se aboga por “promover la adaptación de la normativa a los principios de regulación eficiente y eliminar restricciones innecesarias y desproporcionada“.
Todo en el marco del enfrentamiento abierto entre este organismo y algunas administraciones locales por su intención de fijar regulaciones tremendamente excluyentes como las de Madrid, Bilbao y San Sebastián. La CNMC ha recurrido las normativas de estas tres ciudades al entender que son contrarias a la competencia y perjudiciales para los consumidores. Sirva de ejemplo el caso de la capital, cuya normativa prevé que sólo puedan funcionar como viviendas de uso turístico aquellas que dispongan de acceso directo desde la calle.
¿Cuál debería de ser el camino a seguir? La CNMC cree que las normativas, para ser verdaderamente eficientes, deberían:
- Ser más homogéneas: la disparidad normativa entre administraciones “genera inseguridad jurídica y reduce la eficiencia del mercado”.
- Ser más razonables: el informe de la CNMC enumera ejemplos -limitación de la estancia, mínimo de noches, prohibición del alquiler de habitaciones, exigencia de que estén en una planta determinada del edificio…- de lo que denomina “una carga irrazonable, excesiva o de excesivo cumplimiento para los titulares de viviendas”, lo que “incrementa los costes para los usuarios” y “perjudica al interés general”.
