Que el panorama empresarial está mutando a velocidad de crucero es un hecho, tanto como que en gran medida se debe a nuevas fórmulas de negocio enmarcadas en eso que se ha dado en llamar economía colaborativa. Un nuevo escenario que necesita, ya de forma imperiosa, la creación de un ecosistema adecuado por parte de las administraciones.
Recientemente, ‘Cinco Días’ dedicaba un editorial a esta cuestión y abogaba directamente por la necesidad de implantar una regulación inteligente como norma de actuación institucional. El rotativo del grupo Prisa titulaba el artículo “Un poco de orden en la regulación de la economía colaborativa no estaría nada mal” y básicamente venía a decir que la situación ha llegado a un límite y debe resolverse de forma eficiente e inteligente.
Por si alguien tenía dudas, basta echar un vistazo al subtítulo: “Normas cruzadas de Estado, Comunidades Autónomas y municipios generan tal maraña que desconcierta a las empresas y a los clientes”. Un buen resumen de la situación que, efectivamente, no afecta solo a los empresarios, sino al conjunto de los consumidores; es decir, a los ciudadanos.
El diagnóstico del problema lo resumía Cinco Días al afirmar “las administraciones han ido improvisando sobre la marcha, pero con un activismo desaforado que ha convertido la regulación en una maraña legal ininteligible para la mayoría de los actores”, a lo que añadía la peculiar estructura administrativa de España y el “paraguas jerárquico” europeo como el culmen a un escenario en el que “muchas veces las regulaciones se contradicen hasta ser ininterpretables para la gente, sin más remedio que poner en manos de la justicia su aplicación”.
Un problema evidente que lejos de resolverse está aumentando y para cuya solución resulta imperioso comenzar a aplicar los criterios de la regulación inteligente.
