El desequilibrio entre las aportaciones de los pensionistas y lo que reciben

El think tank Fedea publicó en 2019 un informe en el que estimó que un trabajador medio aporta en concepto de cotizaciones sociales un monto equivalente a 16 años de pensión. Sin embargo, teniendo en cuenta la generosidad del sistema y la esperanza de vida, ese mismo trabajador percibirá una pensión durante 21 años, dejando una brecha financiera en la Seguridad Social que equivale a 5 años de jubilación pagada a golpe de deuda.

Algo similar planteó el Instituto BBVA Pensiones, un servicio de estudios ligado a la entidad financiera que preside Carlos Torre. Dicho organismo ha estimado que 3 años de cotización financian aproximadamente 1 año de pensión, de modo que una carrera de 40 años financiaría 13 años de jubilación. Así las cosas, el sistema actual arrojaría un déficit de 4 años o, dicho de otro modo, cada pensionista está recibiendo, de media, un 30% más de lo aportado durante su vida laboral.

Por su parte, el Banco de España ha estimado recientemente la rentabilidad que arroja el sistema, un cálculo en el que, por un lado, se consideran las aportaciones realizadas y, por otro lado, se estiman las pensiones abonadas por la Seguridad Social. Dicho ejercicio revela una rentabilidad del 3,5%, de modo que cada 1.000 euros cotizados se traducen luego en 1.740 euros de pensión.

En la misma línea iba un informe del Tribunal de Cuentas que también ha salido a la luz recientemente y que pone de relieve la maltrecha salud financiera del sistema. En este caso, la métrica de referencia consiste en comparar cómo evoluciona el gasto medio por pensionista (sube un 18,7% en los años 2016, 2017 y 2018) con el ritmo de aumento del ingreso medio por afiliado (donde el repunte es de apenas un 1,3% para el mismo periodo). El organismo auditor considera, pues, que el actual patrón de ingresos y gastos es a todas luces insostenible y lleva a la Seguridad Social a la quiebra.

Con todos estos antecedentes, a nadie puede sorprender que el Instituto de Actuarios Españoles se haya sumergido en las cuentas de la Seguridad Social para realizar un nuevo cálculo referido a la sostenibilidad del sistema de pensiones de nuestro país. Según dicha entidad, los jubilados cobran un 51% más de lo que aportan al sistema contributivo durante su etapa laboral.

Dicho informe muestra también que el sistema “presenta inequidades difíciles de entender. Por ejemplo, este año, una persona que acumulase 38 años cotizados a los 65 años podría jubilarse a dicha edad. Sin embargo, si decidiese prolongar su vida activa hasta los 69 años, acumulando 42 cotizados, se beneficiaría de un premio del 4% por cada año de demora. Una persona con 65 años y 37 años cotizados que decidiese seguir trabajando un año más que en el ejemplo anterior, hasta los 70 años y acumulando 42 cotizados, sólo recibiría un premio del 2,75% por cada año demorado.

El premio recibido por retirarse un año más tarde, incluso aunque como en este ejemplo los años cotizados resultantes fuesen los mismos (42), sería inferior al premio de aquel que se jubiló con un año menos. En este sentido, el coordinador técnico del estudio, Enrique Devesa, advierte que los mayores déficits entre lo aportado y lo recibido se observan entre quienes se jubilan con menos años trabajadores y un menor número de ejercicios cotizados. Devesa concluye que “esto parece indicar que las penalizaciones por las prejubilaciones y las bonificaciones por el retraso de la jubilación están mal calibradas, de manera que no hay demasiados incentivos para aumentar el número de años cotizados”.

Para hacer el sistema más justo y sostenible en el largo plazo, los actuarios proponen medidas como la penalización de las prejubilaciones y el incentivo de las jubilaciones. Además, los autores del informe subrayan que un mayor crecimiento económico y una creación de empleo intensa pueden aminorar las tensiones financieras del sistema. Retos que, en cualquier caso, pasan por un acuerdo político que no parece sencillo, habida cuenta del giro a la insostenibilidad que propició la actual mayoría de gobierno (PSOE-Podemos) al abandonar las reformas de la Seguridad Social que había implementado el anterior Ejecutivo (PP), con medidas como el factor de sostenibilidad.