El domingo 25 de noviembre es el Día de la Deuda, fecha a partir de la cual las Administraciones Públicas agotarán sus ingresos fiscales y financiarán con deuda todos sus gastos hasta el 31 de diciembre.
En vez de medir el saldo presupuestario en comparación con el PIB, el Día de la Deuda compara ingresos y gastos para después calcular cuántos días del año se financian con cargo al déficit.
En 2018, solo Polonia, Rumanía, Francia y Portugal llegan al Día de la Deuda antes que España. De media, los países de la UE-28 agotan sus recursos fiscales el 13 de diciembre. En nueve países miembros (entre los que figuran Alemania, Dinamarca, Holanda y Suecia) el superávit presupuestario implica que los ingresos son suficientes para cubrir los 365 días de gasto público.
Uno de los puntos más destacados es que España tiene un grave problema con su Seguridad Social. El déficit asciende a 37 días de gasto en pensiones y prestaciones. De hecho, se trata del mayor desajuste de la UE-28. De hecho, solo Hungría y Bulgaria tienen números rojos en esta rúbrica.
En los últimos años, España tocó fondo en 2009, cuando financió 150 días de gasto público con emisiones de deuda. Hoy, el desajuste es de 37 días, de modo que la evolución ha sido favorable, pero insuficiente para ajustar las cuentas y frenar el galopante ascenso de la deuda pública, que ronda el 100% del PIB.
Es de destacar que los Ayuntamientos logran un excedente fiscal de 38 días gracias al buen desempeño que han arrojado la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto. Sin embargo, en las comunidades autónomas el saldo negativo equivale a nueve días de gasto, lejos del balance positivo que arrojan los demás miembros de la UE que mantienen un modelo territorial descentralizado.
Una posible vía para ajustar el déficit público y acabar con las emisiones de deuda pasaría por congelar el gasto público y reducir al 50% las subvenciones ofrecidas a diversos sectores de actividad. En un año, estas medidas permitirían pasar del déficit al superávit.
En cualquier caso, el plan presupuestario que ha presentado el Gobierno de España sobreestima los ingresos y subestima los gastos, arrojando un descuadre de hasta 4.000 millones de euros que ya ha sido advertido por Bruselas.
Consulte aquí el informe completo elaborado por Foro Regulación Inteligente y el Institut Économique Molinari.
