El año 2017 ha marcado un punto de inflexión en el campo de la regulación. En España, el Gobierno de Mariano Rajoy se prepara para repasar 130 normas que dificultan el crecimiento empresarial. En Francia, Emmanuel Macron se ha comprometido a mejorar el entorno normativo en el que se mueve el sector privado. Pero quizá la apuesta de mayor calado es la que estamos viendo en Estados Unidos.
Aunque el empuje hacia una simplificación de la regulación viene principalmente desde la Casa Blanca, también el Congreso está jugando un rol clave, principalmente a través de una ley conocida como Congressional Review Act o CRA. Dicha instancia permite eliminar por la vía rápida las leyes blandas aprobadas por las distintas agencias del Gobierno federal.
La CRA exige que la Cámara y el Senado se pongan de acuerdo para eliminar una norma. La situación política no siempre permite este tipo de acuerdos transversales, pero las mayorías que ha logrado el Partido Republicano en ambos parlamentos han abierto la puerta a la recuperación de este protocolo.
Ya en los años 90, destacados representantes de la izquierda y la derecha, como el demócrata Harry Reid o el republicano Ted Stevens, defendieron la aprobación de la CRA y señalaron que podía constituir un elemento clave para facilitar la abolición de reglas “intervencionistas, inapropiadas, excesivas o redundantes”. Ahora, más de dos décadas después, la situación política parece dar pie a su aplicación efectiva, lo que aceleraría la reforma regulatoria en EEUU, compaginando las medidas que anuncia la Casa Blanca con las que podrían pactar congresistas y senadores.
