Después del aumento del endeudamiento público de 2007 y 2008, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó el gasto total de las Administraciones públicas a 70.000 millones de euros. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que abordó el reto de la consolidación presupuestaria con una economía que ya acumulaba casi un lustro de crisis.
Así, el Ejecutivopopular llegó a aplicar una reducción de hasta 36.000 millones después de haber llegado a un “pico” de gasto de 502.000 millones en 2012. En 2014, el gasto llegó a 466.000 millones de euros.
La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas jugó un papel clave en la mejora de la situación presupuestaria, estimulando el surgimiento de cientos de empresas vinculadas a las Comunidades Autónomas, las diputaciones provinciales y las corporaciones locales.
De estas, siguen existiendo al menos 422, que dependen de los gobiernos regionales, muchas de las cuales arrojan pérdidas. Las más elevadas se dieron, con gran diferencia, en Murcia (2.158 millones), seguida de la Comunidad Valenciana (177 millones).
Según la auditoría de 2017 del Tribunal de Cuentas, la acumulación de pérdidas a lo largo de los años ha elevado sustancialmente el endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas hasta los 16.067 millones de euros, a pesar de que estos chiringuitos autonómicos parecen haber cambiado algunas de sus prácticas y, según el mismo tribunal, su patrón de apoyo al sector productivo depende cada vez menos de la concesión de subvenciones y cada vez más en torno a préstamos.
