El pasado 14 de marzo, el Gobierno decretó el estado de alarma con motivo de la crisis por coronavirus. Sin embargo, más allá del ámbito sanitario, a raíz de este Decreto el Ejecutivo ha ampliado la normativa vigente con más de 200 nuevas regulaciones que afectan al marco económico, laboral, social, jurídico y, el ya mencionado, sanitario.
En este sentido, el Gobierno ha variado los niveles jurídicos a la hora de implantar las nuevas normas utilizando desde decretos leyes, órdenes ministeriales, pasando por resoluciones de ministerios, hasta instrucciones y en menor medida, acuerdos. A pesar de que el establecimiento de las nuevas normativas ha ido adaptándose acorde a la evolución del COVID-19, los nuevos preceptos han cumplido con su objetivo, al mismo tiempo que, a consecuencia de la novedad de la situación, han provocado contradicciones o duplicidades con normativas ya existentes que, como resultado, han creado un clima de inseguridad e inestabilidad jurídica.
A esta inquietud sobre la licitud de las disposiciones se suma el contexto de la protección de datos, ejemplificada con el desarrollo de aplicaciones móviles de rastreo que, de igual forma, comunican al usuario si ha estado en contacto con una persona contagiada por coronavirus; el espectro laboral, como la adaptación de los sonados ERTE; o la Administración de Justicia, paralizada y colapsada por la situación de emergencia.
Asimismo, otro aspecto preocupante de la instauración de estas nuevas normas es la regulación en cuanto a su duración, o lo que es lo mismo, la continuidad de su vigencia una vez finalice el estado de alarma.