El debate sobre el exceso de regulación suele ceñirse al ámbito nacional y regional, pero no podemos olvidar que una parte muy significativa de nuestro ordenamiento bebe también de las instituciones comunitarias.
Según los datos oficiales de la Unión Europea para 2015, los países miembros están sujetos a más de 40.000 normas por el mero hecho de formar parte de las instituciones comunitarias. Algunas de estas normas son leyes blandas: recomendaciones, libros blancos, comunicaciones, etcétera. Otras son de obligado cumplimiento: regulaciones, directivas, decisiones, acuerdos internacionales…
A todo lo anterior hay que sumarle los 15.000 veredictos de la Justicia Europea, que acarrean jurisprudencia, y unos 62.000 estándares técnicos internacionales, de especial impacto en diversas industrias y sectores.
De todo este compendio de normas, se estima que unas 135.000 son de obligado cumplimiento. Una mareante cifra que, sumada al exceso regulatorio que observamos en clave doméstica, termina por atenazar la actividad empresarial, cada vez más afectada por el exceso de papeleo, rigideces y trabas.