España es uno de los peores países de la OCDE en cuanto a la eficiencia de su gasto público. Así se desprende de un estudio publicado recientemente por el Instituto de Estudios Económicos, según el cual el nivel medio de eficiencia observado en las estructuras presupuestarias españolas se sitúa un 14% por debajo del promedio del mundo rico.
El peor resultado de la tabla lo obtienen Grecia e Italia, que se quedan un 45% y un 40% por debajo del promedio registrado en el mundo rico. En sentido inverso, Suiza recibe la mejor calificación del ranking, mejorando en un 45% la eficiencia media del gasto en la OCDE, según el estudio presentado por el think tank asociado a la CEOE.
Para encontrar a España, se debe bajar al puesto 26 de la tabla, de modo que figura en la zona media-baja de un índice que abarca un total de 36 países. De hecho, España no solo se queda por debajo del resultado promedio de al OCDE, sino que también se queda un 4% por debajo del promedio de la UE.
Por otro lado, el estudio del IEE muestra que el aumento del gasto público no tiene por qué generar mejores resultados por encima de ciertos umbrales. Un buen ejemplo está en el campo de la educación, donde a partir de un gasto total de 50.000 dólares por estudiante no se aprecia mejora alguna en los resultados obtenidos.
¿Qué parte del presupuesto público está gestionado por empresas privadas? Según el IEE, el segmento de los desembolsos externalizados subió de 30.000 a 60.000 millones durante el Gobierno de José María Aznar y saltó a 90.000 millones en el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances y este capítulo se ha mantenido más o menos constante, con cierta caída en los peores años de la crisis y con un ligero aumento en el periodo de la recuperación. En términos relativos, esto supone el 18,6% del gasto público, marcadamente por debajo del promedio de la UE (21,8%) o la OCDE (20,6%).
Una buena muestra de los ahorros que genera la externalización del gasto se halla en el manejo privado de la sanidad pública, donde el IEE cita el ejemplo de Madrid y Valencia para demostrar que el gasto puede reducirse un 25% sin que ello suponga un deterioro en la calidad del servicio prestado a los pacientes.
*Artículo publicado originalmente en Libre Mercado.
