En un reciente informe, el Gobierno de España ha señalado la sobrerregulación como un obstáculo significativo para la inversión y la productividad en el país, afectando aproximadamente el 36% de la economía. Según este documento, más de dos millones de empresas que emplean a alrededor de 9,75 millones de personas se ven afectadas por estas restricciones regulatorias, limitando su crecimiento y capacidad des innovación.
El análisis, llevado a cabo por el Ministerio de Economía bajo la dirección de Carlos Cuerpo, forma parte de la iniciativa “Régimen 20”, destinada a reducir la duplicidad burocrática y simplificar los trámites administrativos. Ete estudio revela que, en la última década, se han presentado alrededor de 700 recursos contra regulaciones que fragmentan el mercado nacional. La mayoría de estos recursos se concentran en sectores estratégicos como profesiones reguladas, comercio, hostelería, educación, transporte e infraestructuras.
Los datos, compartidos con comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), muestran que más del 90% de las restricciones burocráticas derivan de normativas a nivel autonómico o municipal, mientras que solo el 10% proviene de regulaciones estatales. La falta de coordinación entre distintos niveles de la administración está afectando negativamente a las empresas, que deben hacer frente a un exceso de trámites y autorizaciones duplicadas, lo que frena las inversiones y reduce la competitividad.
El trabajo ha sido bien recibido por algunas comunidades autónomas, que ya estaban desarrollando sus propias estrategias de simplificación administrativa. Aun así, el Ministerio de Economía ha propuesto la adopción de “ordenanzas tipo” para replicar su implementación en toda España, junto la puesta en marcha de un asistente de inteligencia artificial para ayudar a las pymes en la gestión de trámites, en colaboración con el Ministerio de Transformación Digital. Esta medida subraya la necesidad urgente de eliminar barreras burocráticas innecesarias para mejorar el entorno empresarial en España y fortalecer la competitividad de sectores que son claves para la economía nacional.
