Ahora que España parece girar a la izquierda, conviene recordar que pocos asuntos generan tanto consenso entre los autoproclamados progresistas como la llamada armonización fiscal. Sus entusiastas defensores tienen claro que no seremos un país decente hasta que nuestros impuestos generan un nivel de ingresos similar al observado en otros países europeos. En palabras de Pedro Sánchez, “no podemos tener un sistema fiscal de Tercera División para mantener un Estado del Bienestar de Primera División”.
Este planteamiento parte de una falacia muy extendida en el debate público, según la cual un mayor volumen de recaudación conduce necesariamente a mejores resultados. Desde un planteamiento así, no tendría sentido hablar de eficiencia, de productividad o de colaboración público-privada. Todo queda reducido al gasto por el gasto, a la obsesión con engordar las arcas públicas como respuesta a cualquier problema.
La evidencia empírica nos dice que este camino es peligroso. Los estudios de expertos como Vito Tanzi, Kevin Hassett, Richard W. Rahn, António Afonso, Livio di Matteo o James A. Khan concluyen que el crecimiento se reduce cuando el tamaño del Estado supera el entorno del 30% del PIB. La presión fiscal en nuestro país se sitúa cinco puntos por encima de dicho umbral, de modo que ya la conversación debería ser muy distinta: en vez de hablar de gastar más, tendríamos que plantearnos cómo podemos gastar mejor.
Lamentablemente, los planes de Moncloa van por otro lado. A pesar de que aún tenemos más de tres millones de parados, España viene de batir su récord histórico de recaudación, pero el gobierno socialista quiere cerrar la legislatura hasta elevar los ingresos tributarios de 424.000 a 450.000 millones de euros. Ese primer paso hacia la ansiada armonización fiscal se traduciría en una subida impositiva de 26.000 millones, monto equivalente a 1.400 euros por hogar.
Los estudios de BBVA Research nos dicen que un aumento de la recaudación del 1% del PIB deprimiría el PIB en un monto que va del 0,75% al 1,22%, dependiendo de las fórmulas concretas implementadas. Haciendo una estimación conservadora, el PIB español se reduciría en 19.500 millones como consecuencia de la subida de impuestos. Pasaríamos, por tanto, del actual escenario de desaceleración a un contexto peligrosamente cercano a la recesión.
Una mala idea que tiene buena prensa
Semejante amenaza debería ser suficiente para que la idea de la armonización fiscal desaparezca del debate público. Sin embargo, la aridez de la discusión macroeconómica contribuye a que esta propuesta goce de buena salud. ¿Qué podemos hacer, entonces, para que el ciudadano de a pie entienda mejor lo peligrosa que es esta senda?
De entrada, es preciso desmontar la idea de que la armonización fiscal afectará principalmente “a los ricos”. Los documentos remitidos por el gobierno a Bruselas admiten que el aumento de la recaudación que se puede conseguir por esa vía asciende a poco más de 300 millones de euros, lo que supondría el 1% del aumento total de los ingresos planteado por Pedro Sánchez para 2019-2022. No olvidemos, además, que las cuentas del gobierno socialista han sido criticadas por no pocos expertos que consideran que la estimación de ingresos es excesivamente optimista, de modo que el aumento recaudatorio obtenido de las rentas más altas podría ser incluso menor de lo planteado por el Ejecutivo.
En paralelo, conviene recordar que defender la armonización fiscal es incompatible con proponer una subida de los impuestos de Sucesiones y de Patrimonio, puesto que el primer tributo ha sido eliminado por numerosos socios europeos y el segundo gravamen sobrevive únicamente en nuestro código tributario, después de que Francia lo retirase recientemente. De modo que la izquierda española se contradice cuando pide la armonización fiscal y, a renglón seguido, defiende la prevalencia de dos gravámenes cadavéricos en el resto del Viejo Continente.
El coste de la armonización para un español medio
Pero, si bien los argumentos recogidos en párrafos anteriores pueden resultar persuasivos, quizá nada es tan revelador como un cálculo que establezca cuánto supone la armonización fiscal para el bolsillo de un español de a pie.
Para conocer esta cifra, Foro Regulación Inteligente ha elaborado un estudio en el que, al alimón con Santiago Calvo, he calculado el impacto de equiparar nuestros impuestos al promedio europeo. La primera conclusión es llamativa: el impuesto que más debería subir para satisfacer a la izquierda sería el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Para ser precisos, el tipo efectivo de IVA que se paga en Europa es del 20,6%, mientras que en España alcanza el 15,8%. Por tanto, para consagrar la equiparación que anhela la izquierda, sería preciso un incremento del 30% en la tasa que grava el consumo. Semejante rejonazo arrancaría 19.000 millones de euros de nuestros bolsillos, de modo que el coste por habitante rondaría los 400 euros anuales. Sí, lo han leído bien. Si queremos ser más europeos con nuestro sistema fiscal, un hogar medio deberá pagar 1.000 euros más de IVA cada año…
El segundo pilar de la armonización serían las prestaciones sociales. Su tipo fiscal medio es del 5,77%, frente al promedio del 9% que vemos en el conjunto de la UE-28. Esto significa que esta vía de ingresos enfrentaría una subida de tres puntos porcentuales en su retención media, hasta generar 8.000 millones de euros de recaudación adicional. Casi nada.
¿Significa eso que los pensionistas o los parados pagarían más impuestos a Hacienda? En efecto. La armonización fiscal supone, por ejemplo, que los jubilados paguen un impuesto medio del 13,5% sobre sus ingresos, por encima del 9,75% actual. Si la pensión media es de 15.900 euros al año, el impacto de la equiparación fiscal con el Viejo Continente equivaldría a 600 euros por jubilado. Curiosa forma de entender el “progreso”…
Pero también los trabajadores desocupados enfrentarían un aumento de su factura impositiva. Ahora mismo, este colectivo paga de media el 4,5% de su renta percibida, mientras que en el resto de Europa se aplica una tasa efectiva del 9,5%. Teniendo en cuenta que la prestación por desempleo alcanza, de media, los 10.000 euros anuales, la armonización fiscal implicaría reducir el pago neto del subsidio de paro en 550 euros anuales. Hay europeísmos que matan…
En tercer lugar, el caramelo envenenado de la armonización fiscal esconde un fuerte aumento de los impuestos aplicados sobre la propiedad. El gravamen por excelencia en esta categoría es el Impuesto de Bienes Inmuebles, que ha subido con fuerza en la última década a pesar de la crisis que sufrió el sector inmobiliario entre 2007 y 2014.
El peso de los impuestos sobre la propiedad asciende al 1,2% del PIB en España, pero llega al 1,6% en el resto de Europa. Cerrar esa brecha de cuatro décimas implica consolidar una subida de impuestos valorada en 5.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que tres de cada cuatro familias son propietarias de su vivienda, la armonización fiscal afectaría a 14 millones de familias, que pagarían 360 euros más de IBI cada año.
Y la cosa no acaba aquí. Otro ámbito en el que la convergencia con Europa implicaría una fuerte subida de la presión fiscal son los impuestos medioambientales. La fiscalidad “verde” genera el 2,4% del PIB en el resto del Viejo Continente, de modo que nuestro 1,8% se queda por debajo de la media. Acabar con ese diferencial supone 7.000 millones de euros, lo que supone pagar 360 euros más por trabajador cada año.
Ante semejante panorama, no sorprende que el hartazgo de los contribuyentes europeos sea cada vez mayor. En países como Suecia, Grecia o Portugal, la izquierda contradice a Sánchez y apuesta por reducir el peso de los impuestos. En Francia, Emmanuel Macron ha anunciado dos rebajas tributarias a lo largo del último semestre. En Reino Unido, la estrategia de los conservadores para adaptarse al Brexit pasa por recortar la presión fiscal. En Italia, moderados como Renzi y Berlusconi y exaltados como Di Maio y Salvini coinciden en que subir los impuestos no es la solución. Lo nuestro es una anomalía: ¿qué sentido tiene emular estrategias fracasadas que ya están siendo replegadas allá donde se han puesto en práctica?
Eficiencia y gasto público
Las cifras anteriores ponen de manifiesto que la insistencia en la armonización fiscal nos conduce a un callejón sin salida en el que todos los contribuyentes saldrían perdiendo. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez haría bien olvidando esta pretensión y centrándose en conseguir un modelo de gasto más eficiente.
El Banco Central Europeo estima que la ineficiencia de nuestras Administraciones Públicas nos lleva a malgastar 40.000 millones de euros cada año. Por su parte, el Círculo de Empresarios considera que la menor productividad de los trabajadores del sector público contribuye a engordar el gasto en más de 25.000 millones de euros.
El propio gobierno del PSOE tiene informes encima de la mesa que ponen de manifiesto la ineficiencia de muchas de nuestras partidas presupuestarias. Un ejemplo es el programa de revisión de gasto de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que ha estudiado subvenciones valoradas en más de 32.000 millones de euros anuales. Dicha evaluación ha detectado numerosos ejemplos de mala gestión, según las primeras conclusiones filtradas por la prensa.
Quizá en esto de la eficiencia sí deberíamos apostar por la armonización. Tomemos el caso de las Administraciones subnacionales. Reducir las tasas de reemplazo hasta asegurar que el número de empleados de las comunidades autónomas se equipara a los niveles de las regiones más eficientes supondría un ahorro anual cercano a los 15.000 millones de euros, suficiente para reducir a la mitad nuestro déficit público.
¿Por qué en estas cosas no queremos ser más europeos? Alemania ha flexibilizado los horarios y la retribución de sus funcionarios, para que quienes son más productivos tengan mejores condiciones y quienes no están a la altura se vean obligados a corregir su desempeño. Finlandia ha aprobado un paquete de doscientas medidas orientadas a mejorar el funcionamiento de la Administración y hacerla más rápida, menos burocrática y menos costosa. Países Bajos también ha reorganizado sus estructuras de gasto público con la mirada puesta en promover un mejor uso del dinero público. Ejemplos que merece la pena conocer y emular si queremos reducir las asfixiantes cargas que soportan los contribuyentes españoles.
*Artículo publicado originalmente en Actualidad Económica
