El intervencionismo en ámbitos de consumo como la alimentación, la bebida o el tabaco parece estar justificado por motivos de salud pública. Sin embargo, adoptar más restricciones no siempre se traduce en mejores resultados. En el caso de España, teniendo en cuenta que la economía se apoya en la pujanza del ocio, la restauración y el turismo, reforzar el intervencionismo en base a medidas poco sensatas puede perjudicar a sectores vitales para el empleo y la actividad en nuestro país y generar un clima más complejo para las empresas y los trabajadores. Todo ello dando pie a un escenario de menor libertad para los consumidores en el que tampoco mejora su situación de salud.
España sigue siendo uno de los países europeos que menos restricciones adopta en el campo de la comida, como también en lo tocante al alcohol. No obstante, en los últimos años se han introducido impuestos, normas y regulaciones que limitan esa ventaja relativa. De igual modo, en el caso del tabaco, nuestro país ha pasado a jugar en la liga de los más países intervencionistas, convirtiéndose así en una de las economías europeas que más restringen el consumo de cigarrillos convencionales o electrónicos. Un ejemplo claro lo tuvimos en la prohibición de fumar en restaurantes, que ni siquiera permite la habilitación de espacios reservados para quienes consumir tal producto.
Según el “Índice Global de Políticas Efectivas Anti-Tabaquismo”, publicado por la red internacional We Are Innovation, España ocupa el puesto séptimo a nivel global y sexto en Europa en cuanto a la intensidad de la regulación de productos de nicotina sin combustión. Este índice analiza las políticas públicas para erradicar el tabaquismo en 59 países y concluye que la prohibición de este tipo de productos de nicotina sin combustión puede tener consecuencias graves para la salud puesto que reduce las alternativas al tabaquismo convencional.
“Al prohibir la exhibición, publicidad y restringir el uso de productos de vapeo o de tabaco calentado, estas leyes reducen el potencial de estos instrumentos para promover la reducción del daño asociado al tabaco convencional. Hablamos de sustitutivos sustancialmente menos dañinos para la salud y que, por tanto, tienen un efecto positivo sobre la salud pública al favorecer un menor consumo del cigarrillo común”, como señala el informe.
Este es un nuevo ejemplo de la repercusión negativa de la hiperregulación. Los defensores del paternalismo regulatorio suelen justificarse apelando a la salud de la población, obviando la evidencia científica, los resultados empíricos y la libertad de productores y consumidores. Sin embargo, tal y como demostramos en nuestro Índice del Estado Niñera, que divulgamos junto a Epicenter, no existe correlación entre aplicar mucha más regulación en estos campos y lograr una esperanza de vida más elevada.
Esto pone de manifiesto que la mejor forma de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es multiplicar su riqueza y no pretender regular sus preferencias como consumidores mediante prohibiciones y medidas restrictivas.
