La Alianza por la Competitividad de la Industria Española está constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento), PRIMIGEA (materias primas minerales), SERNAUTO (componentes de automoción) y UNESID (siderurgia). Representa a sectores estratégicos del ámbito secundario y genera el 55% del PIB sectorial, así como 4 millones de empleos de forma directa e indirecta.
Un informe de la citada coalición patronal encuentra cinco grandes obstáculos regulatorios y burocráticos que frenan el desarrollo de su actividad:
- Retrasos de las Administraciones a la hora de aportar resoluciones sobre los distintos trámites, llegando a triplicar los plazos legales y dando como resultado hasta 2 años de espera para algunos casos.
- Diferencias entre requisitos y falta de armonización y homogeneidad en la presentación de la documentación en las distintas Administraciones Públicas del territorio español.
- Falta de coordinación interdepartamental y administrativa para proyectos, al no existir una figura que coordine las distintas Administraciones Públicas involucradas generando duplicidades en los trámites en algunos casos.
- Falta de digitalización, pese a la existencia de una sede electrónica, al no actuar como una plataforma integrada que permita realizar todos los trámites con las Administraciones Públicas implicadas.
- Inseguridad del funcionariado en la resolución de expedientes ante posibles denuncias, lo que motiva retrasos permanentes y la no adopción de resoluciones.
- En definitiva, estos factores generan una clara situación de desventaja comparativa con la regulación de otros países europeos.
Para mejorar la situación, la Alianza propone:
- Reducir los plazos totales de resolución de trámites que habiliten la eficacia de las Administraciones Públicas y mejoren la puesta en marcha de las empresas.
- Dotar de una mayor seguridad para los funcionarios en la realización de su trabajo, mejorando así la confianza de los empleados públicos, la resolución de trámites en los plazos establecidos e impidiendo retrasos a causa de resoluciones no aprobadas.
- Una mayor homogenización de requisitos y facilitación de trámites a cumplir por parte de las empresas, reduciéndose de esta forma, las duplicidades en tramitaciones a realizar.
- El aprovechamiento de la tecnología para aumentar la transparencia, ahorrar tiempo en la búsqueda de información y evitar duplicidades entre Administraciones.
- Un mayor alineamiento y coherencia con las propuestas de la Comisión Europea en el ámbito de simplificación de procedimientos administrativos. Por ejemplo, la tramitación del European Green Deal lleva aparejados distintos objetivos como la reducción de los tiempos de tramitación de las autorizaciones, la definición de plazos concretos para cada fase del proceso, la introducción de la ventanilla única…
El documento puede consultarse aquí.