La Justicia europea ha impuesto a España una sanción simbólica de 3 millones de euros. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia comunitario, que entiende que nuestro país “retrasó la liberalización del sector de servicios portuarios de manipulación de mercancías”. La normativa fue modificada finalmente el pasado mes de mayo.
Hasta ahora, las empresas que operaban en los puertos estaban obligadas a pertenecer a diversas sociedades especiales, a partir de las que se veían obligadas a contratar por la fuerza a los estibadores. Esto impedía la entrada de trabajadores y competidores, según indicaron las instituciones comunitarias en 2014.
La anquilosada regulación del sector siguió en pie durante casi tres años, dando pie a una sanción que, de haberse aplicado por completo, habría supuesto 25,5 millones de euros, a razón de 27.000 euros diarios. Sin embargo, la aprobación de la nueva regulación de la estiba ha reducido la sanción definitiva, hasta dejarla en 3 millones de euros.
Conviene recordar que, además del golpe que ahora recibirán las arcas públicas, la polémica también se salda con importantes pérdidas para el conjunto de la economía española. Y es que, según el Ministerio de Fomento, el impacto total de las huelgas y protestas en los puertos ha alcanzado los 158 millones de euros.