La complejidad y lentitud de los procedimientos administrativos supone el principal escollo a la rehabilitación del parque inmobiliario español, que actualmente cuenta con el parque inmobiliario más envejecido de Europa (el 80% de las viviendas tienen más de 20 años). Esta es una de las denuncias del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que acaba de publicar un informe en el que analiza el estado de las edificaciones en nuestro país, cuya tasa de rehabilitación de viviendas se sitúa en el 0,08%, muy lejos de otros países europeos como Francia (2,01%), Alemania (1,49%) o Italia (0,77%). “Más de 10 millones de viviendas requieren de intervención”, resume la propia presidenta de la CSCAE, Marta Vall-llossera.
Las 88 entidades y empresas del sector encuestadas (de entre ellas, el 65% son privadas) también identifican otros factores que frenan este proceso a nivel nacional, como la ausencia de políticas públicas que aborden la rehabilitación, la baja coordinación entre organismos públicos (tanto a nivel administrativo, interministerial y autonómico) y la falta de ayudas públicas y de información sobre las mismas.
Dentro del sector público, un 32,9% de los encuestados reconoció que las principales dificultades se localizan en las Administraciones locales y autonómicas y casi un 20% en el Gobierno central y ámbito ministerial. En el ámbito privado, dentro de toda la cadena de valor que comporta rehabilitar un inmueble, un 15,2% de los participantes coinciden en que la mayoría de las barreras se encuentran en las entidades de financiación. Al preguntar en qué lugares existen más oportunidades para desarrollar acciones que aceleren el proceso, las Administraciones locales y autonómicas vuelven a situarse en primera posición (16,2%), seguidas por las constructoras, instaladores y desarrollo de proyectos (15,9%) e inmobiliarias, agentes rehabilitadores y técnicos certificadores (14,3%).
Soluciones
Los participantes han desarrollado 26 medidas desde un enfoque de políticas públicas para mejorar y acelerar el proceso de la rehabilitación de viviendas en España, distribuidas en torno a siete ejes, entre los que se encuentra la coordinación y agilidad de la Administración pública (entre el Gobierno central, autonomías y ayuntamientos). Así, tras analizar la situación, el informe concluye que existe “una falta de fluidez y facilidad para la realización de gestiones dentro de la Administración pública”, lo que dificulta que lleguen las financiaciones a destino, generando, según los autores, inseguridad jurídica respecto a estos procedimientos.
Entre las soluciones propuestas, se solicita al sector público simplificar y agilizar los procesos administrativos e incrementar la digitalización de las tramitaciones, unificando el sistema de procedimientos entre los de obra nueva y los de rehabilitación. Así también, se pide que los procedimientos para la concesión de ayudas se realicen de manera más simplificada y rápida (especialmente la liberación del pago). Instaurar el procedimiento de “ventanilla única” a nivel nacional, aumentar y visibilizar los estándares de transparencia, dotar de mayor autonomía y certeza jurídica a las comunidades de propietarios o entregar directrices claras y con poca interpretación previamente pactadas son otras de las acciones propuestas.
Los otros seis ejes se relacionan con la comunicación y concienciación, mano de obra, materiales de construcción, cultura de sostenibilidad, datos y unificación del sector privado.
FRI
Las conclusiones extraídas por el CSCAE van también en línea con las propuestas que ha formulado Foro Regulación Inteligente (FRI) para revertir el déficit urbanístico en Málaga, tras realizar una investigación sobre el sector de la vivienda en la provincia. En este sentido, algunas de las soluciones propuestas por FRI para desbloquear el parón burocrático que hoy lastra el desarrollo urbanístico e inmobiliario de la provincia y, sobre todo, de la capital, pasan por reorganizar los protocolos de consulta para agilizarlos y, en la medida de lo posible, digitalizarlos; tramitar en paralelo los informes sectoriales requeridos a instancias burocráticas; o revisar el marco normativo vigente para garantizar la seguridad jurídica en los supuestos de “silencio positivo”.
