James Roberts, co-autor del Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, ha visitado España para participar en las distintas actividades de presentación del informe que han coordinado Foro Regulación Inteligente y Fundación FAES. Durante su paso por nuestro país, hemos querido conocer la opinión de Roberts sobre el panorama regulatorio a ambos lados del Atlántico.
Pregunta.- El Índice incorpora 12 categorías de estudio y una de ellas está consagrada a medir la calidad del entorno regulatorio, ¿puede explicarnos cómo lo hacen?
Respuesta.- El objetivo es medir hasta qué punto el entorno regulatorio permite que los negocios se desarrollen de manera simple y eficiente. Cada país recibe una nota que puede ir de 0 a 100 puntos. Asignamos la calificación teniendo en cuenta 13 parámetros distintos.
P.- ¿Qué aspectos miden?
R.- Primero, la cantidad de trámites necesaria para abrir un negocio, el tiempo requerido para completar dichas obligaciones, el capital mínimo que se exige y el coste de lanzar una empresa como porcentaje del ingreso per capita. A continuación, nos fijamos en el sistema de licencias: cuántos procedimientos, cuántos días de espera, qué coste tienen. También miramos las leyes de quiebra y los procedimientos de cierre: qué duración tienen a lo largo del tiempo, qué coste suponen, qué tasa de recuperación de activos brindan… Por último, nos fijamos en los trámites, la demora y el precio de acceder a suministros básicos para el día a día del negocio, como la electricidad.
P.- ¿Qué fuentes toman?
R.- Además del trabajo que hacemos en la Fundación Heritage, tomamos documentos oficiales de los 180 países evaluados, pero también estudiamos los datos de la unidad de inteligencia de la revista The Economist, la guía de países del Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos y, por supuesto, el informe ‘Doing Business’ del Banco Mundial.
P.- En Estados Unidos se habla cada vez más de ir hacia un paradigma regulatorio más inteligente, ¿por qué se ha dado este giro?
R.- Durante los últimos años se han adoptado miles de páginas de nuevas leyes, normas y reglas. Esto tiene un coste significativo para las empresas. Estimamos que sólo en 2016 se aprobaron nuevas instancias que imponen a las empresas costes equivalentes a 22.000 millones de dólares. Y hablamos sólo del panorama a nivel federal, de manera que también habría que estudiar la situación estatal y local.
P.- El Índice refleja también el deterioro del clima regulatorio en España.
R.- Hay que dar un giro de 180 grados. El peso de la regulación está asfixiando a las empresas. Es decepcionante que las comunidades autónomas fraccionen la unidad de mercado y no es aceptable que, año tras año, se impongan más y más regulaciones a nivel europeo, nacional, autonómico, municipal… Estas reglas de juego no son claras, sino que son sinónimo de complejidad e incertidumbre para las empresas.
