El Índice de Calidad Regulatoria 2026 de Foro Regulación Inteligente sitúa a España en el puesto 23 de los 27 países de la Unión Europea. El informe identifica la carga normativa sobre las empresas, el deterioro del diseño de las reglas y la lentitud judicial como los principales problemas del entorno regulatorio español.
Foro Regulación Inteligente presenta el Índice de Calidad Regulatoria 2026, un estudio elaborado por Diego Sánchez de la Cruz que compara el desempeño de los países europeos en tres dimensiones: la carga que soportan empresas y trabajadores, la calidad de las normas y la seguridad jurídica con la que se aplican. España obtiene 32 puntos sobre 100, frente a una media europea de 51,6, y solo supera a Rumanía, Chipre, Croacia y Grecia.
El índice combina siete indicadores procedentes del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Mundial, la Comisión Europea y la Universidad de Virginia. A partir de estas fuentes, FRI construye tres subíndices con el mismo peso en la puntuación final. El resultado permite evaluar de forma conjunta cuánto cuesta cumplir la regulación, cómo se diseñan las reglas y en qué condiciones se resuelven los conflictos.
Solo Grecia presenta una carga regulatoria más elevada
El peor resultado de España aparece en el subíndice de carga regulatoria, donde ocupa la posición 26 de 27 y obtiene apenas 10,2 puntos sobre 100, frente a los 42,2 de la media europea. Solo Grecia presenta un resultado inferior.
Los datos de la Encuesta de Inversión del Banco Europeo de Inversiones ayudan a explicar esta posición. El 81% de las empresas españolas considera la regulación empresarial un obstáculo para invertir, frente al 69% de la media de la UE. En el caso de la regulación laboral, la proporción alcanza el 79%, catorce puntos porcentuales por encima del promedio europeo. En Dinamarca, estos porcentajes se reducen al 36% y al 26%, respectivamente.
Estas cargas se traducen en tiempo dedicado a trámites, gastos de asesoramiento, dificultades para ampliar una actividad e incertidumbre sobre los requisitos aplicables. Su impacto resulta especialmente relevante para las pequeñas empresas, que disponen de menos recursos para absorber los costes de cumplimiento.
España pierde cinco puestos en calidad regulatoria
El estudio también documenta un deterioro en el diseño del marco normativo. En el indicador de calidad regulatoria del Banco Mundial, España pasa del puesto 15 al 20 de la UE entre 2021 y 2024, mientras su puntuación desciende de 71,8 a 65,2. En la comparación con los 38 miembros de la OCDE, ocupa la posición 31 en este indicador.
La evolución de las políticas de apoyo al mercado apunta en la misma dirección. En este componente del Global Capitalism Index de la Universidad de Virginia, España retrocede del puesto 12 al 17 de la UE entre 2021 y 2024. Su puntuación cae de 72,8 a 66,4, el registro más bajo de la serie desde 2009.
El diagnóstico presenta, además, un contraste significativo: España ocupa el puesto 12 de la UE en eficacia del Gobierno, un indicador vinculado a la calidad de los servicios públicos y de la función pública. Este resultado convive con posiciones mucho más débiles en calidad regulatoria y cargas empresariales, lo que refuerza la necesidad de revisar las reglas y los procedimientos que aplica la Administración.
444 días para resolver un pleito civil o mercantil
La seguridad jurídica constituye el tercer ámbito del índice. España obtiene 48,5 puntos y ocupa el puesto 20 de 27, con una distancia de 14,5 puntos respecto a la media europea.
Según los datos de la Comisión Europea recogidos en el informe, correspondientes a 2023, el tiempo de resolución de los litigios civiles y mercantiles en primera instancia alcanza los 444 días en España, frente a los 120 de Lituania. Entre los 24 países europeos con información disponible, solo Malta, Italia, Croacia y Grecia presentan plazos más largos. Para las empresas, estas demoras dificultan el cobro, prolongan la incertidumbre contractual e inmovilizan recursos.
Cinco reformas para reducir las cargas y mejorar las normas
Ante estos resultados, Foro Regulación Inteligente plantea cinco líneas de reforma: elaborar un inventario de obligaciones y eliminar las obsoletas o duplicadas; reducir requisitos, ampliar las declaraciones responsables y hacer efectivo el silencio administrativo positivo; compensar cada nueva carga con la eliminación de otra de coste igual o superior; incorporar cláusulas de evaluación y caducidad a las regulaciones económicas; y extender las leyes autonómicas de mercado abierto para facilitar que las empresas operen en toda España.
La compensación regulatoria debe medirse en euros y horas de cumplimiento, de modo que permita comprobar si disminuye el coste que soportan empresas y ciudadanos. Asimismo, la evaluación periódica debe servir para justificar la continuidad de las normas en función de sus resultados y de las cargas que generan.
El Índice de Calidad Regulatoria 2026 ofrece un diagnóstico comparado con datos de referencia de 2023 a 2025. Su conclusión central es que España necesita reducir las obligaciones innecesarias, mejorar el diseño de sus normas y garantizar una aplicación más ágil y previsible. Avanzar en estos ámbitos permitiría facilitar la inversión, el crecimiento empresarial y la creación de empleo.
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