Que la llamada economía colaborativa ha llegado para quedarse es algo que ya nadie puede cuestionar. La irrupción en el mercado de compañías como Über, Cabify o Airbnb ha supuesto un auténtico terremoto, también a nivel regulatorio.
No hay duda de que es necesario establecer una regulación que termine de una vez por todas con las dudas, criterios erráticos y desequilibrios entre administraciones. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es consciente y se ha puesto manos a la obra.
Desde que nació hace 4 años, este asunto ha generado importantes tensiones dentro de la propia CNMC. En su día se filtró un informe que suscitó muchas suspicacias -se dijo que se había hecho público sin habérselo dado a conocer a todos los consejeros- y que, entre otras cosas, recomendaba terminar con las concesiones de autobuses, eliminar las restricciones de acceso al sector del taxi y los llamados VTC, que no fuera obligatorio inscribir en un registro los apartamentos turísticos y que éstos no tuvieran que cumplir requisitos mínimos en el tiempo de estancia ni en el equipamiento.
Se calcula que sólo Airbnb tiene más de 200.000 alojamientos turísticos en España, lo que supone una oferta mayor que la del sector hotelero. Ante este escenario, parece que desde la CNMC han empezado a trabajar en un nuevo informe sobre la llamada ‘economía sumergida’ que, sin ser vinculante, pretende ser una guía de cara al regulador.
El asunto no es baladí pues el organismo deberá decidir si sus propuestas van en la línea de establecer medidas de protección de los sectores afectados -taxi, hostelería, etc.- o si, por el contrario, se aboga por recomendar que no se impida el desarrollo de estos nuevos modelos de negocio.
