Ferran Brunet es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado un interesante artículo en ‘El Economista’ sobre el impacto de las regulaciones comunitarias en distintos sectores industriales. Destacamos algunos fragmentos:
“La Comisión Europea ha iniciado una tarea de análisis del coste acumulado de la legislación de la Unión para diferentes sectores industriales. La legislación europea persigue asegurar la libre circulación de mercancías en el mercado interior, así como para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente. Estos estudios comunitarios hacen una evaluación cuantitativa de los costes directos e indirectos de las regulaciones europeas, tratando de cuantificar el impacto de la carga administrativa en diferentes indicadores de actividad y negocio.
Para el período 2006-2015, la Comisión está evaluando los costes de aplicación de más de 60 reglamentos y directivas relativas al clima, energía, medio ambiente, residuos y seguridad de los trabajadores. Ha publicado ya los informes correspondientes a cuatro subsectores ceramistas (ladrillos y tejas, cerámicas, refractarios cocidos y refractarios sin forma) y a tres subsectores vidrieros (vidrio para envasado, para vajilla y plano).
Los resultados proporcionan una imagen de los efectos acumulados en coste de la regulación europea de productos y procesos industriales. En promedio, los costes regulatorios europeos representan entre el 2,2% y el 5,4% del valor de la producción. En relación al beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) los costes de la regulación europea representan entre el 10% y el 42,5%, y hasta el 16,2% y el 78,3% del beneficio antes de intereses e impuestos (Ebit).
Consideremos el caso de la producción de ladrillos y tejas: los costes regulatorios promedio totales alcanzan los 5 euros/tonelada del producto, lo que supone el 5,4% de los costes de producción y el 21,9% del Ebitda. Los cuatro aspectos de la regulación europea que más importan son energía (45% del total), medio ambiente y clima (14,6%), residuos (11,3%) y seguridad de los trabajadores (10,8%).
La legislación común armonizada de productos y procesos industriales supone un beneficio general para la economía europea. Crea un mercado interior dónde la competencia es mayor, lo que estimula la competitividad y hace a Europa más competitiva en la economía global. Sin embargo, según vemos en los estudios sectoriales que la Comisión ha lanzado, los costes de regulación reducen significativamente la rentabilidad de la industria europea.
Por todo ello, la sostenibilidad de la producción industrial y, por extensión, de la economía europea requiere, hacia el interior, una regulación smart y, hacia el exterior, unos acuerdos comerciales que ayuden a otras economías a seguir los más avanzados estándares europeos.”
