Las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia, ASAJA, COAG, UPA, FECOAM y PROEXPORT, han remitido a los grupos parlamentarios de la Región una propuesta para modidicar una decena de artículos de la La Ley 3-2020 de 27 de julio para la recuperación y protección del Mar Menor. Esta normativa regula las diferentes medidas que agricultores y ganaderos ubicados en la cuenca vertiente del Mar Menor deben implementar de forma obligatoria en sus explotaciones. Las cinco instituciones han anuado fuerzas para denunciar la existencia de “una hiperregulación normativa”, por lo que con las medidas que han enviado a las formaciones autonómicas consideran que se “daría un respiro” al sector.
Tal y como recoge Onda Cero, el presidente de la COAG murciana, José Miguel Marín, ha dicho que en absoluto se trata de “echarse al monte”, sino de avanzar y “de dar un respiro a los agricultores”. “La hiperregulación normativa y el control exhaustivo al que ha sido y es sometido el sector agrícola del Campo de Cartagena en los últimos seis años no tiene parangón en nuestro país. Como tampoco lo tiene el esfuerzo de inversión en sostenibilidad, innovación, investigación y buenas prácticas agrarias llevado a cabo por agricultores y regantes para liderar este cambio de forma proactiva y acelerada”, critican las entidades.
Y es que en estos momentos, los productores agrarios de la comarca de Campo de Cartagena están obligados a cumplir lo establecido en las siguientes normas:
- El Código de buenas prácticas agrarias de la Región de Murcia.
- El Programa de actuación de la Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario.
- La Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
- Las medidas cautelares de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
“El sector agrícola del Campo de Cartagena ha tenido que adaptarse a todo este compendio normativo en el corto periodo de un año, entre una normativa y otra. Transcurridos esos seis años a los que aludíamos, el sector productor tiene experiencia y juicio técnico suficiente para poder identificar qué elementos normativos se han demostrado en exceso restrictivos para el desarrollo de la actividad agrícola en la zona, sin aportar por ello una mínima protección al buen estado ambiental del Mar Menor y del acuífero con el que conecta”, justifican.
Para la elaboración de la propuesta, las organizaciones han contado con el asesoramiento técnico de expertos en el Mar Menor. Por ello, asegura Miguel Marín en Onda Cero, las modificaciones que proponen permiten “mantener intacto el espíritu de la norma”, dotando de mayor certeza y claridad la interpretación y aplicación de la Ley, al tiempo que se hará operativo el trabajo de agricultores y ganaderos en el Campo de Cartagena y se compatibilizará la sostenibilidad del entorno y la práctica agrícola. “Proponemos seguir avanzando en la sostenibilidad de la actividad agraria de la zona desde criterios técnicos más rigurosos, más realizables y más seguros desde el punto de vista jurídico”, asegura Marín.