La regulación de las plataformas de alquiler vacacional es, junto a la de los VTC, el caballo de batalla de la llamada economía colaborativa y las características de España no están ayudando a generar una regulación clara y eficiente.
Así lo aseguró hace poco en Madrid el Director de Políticas Públicas para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de Airbnb, Patrick Robinson, en un acto sobre la masificación turística.
Robinson puso el dedo en la llaga al asegurar que España tiene una normativa “excesivamente compleja” que impide llegar a acuerdos como, según ejemplificó, el que tiene su compañía con el Ayuntamiento de Ámsterdam, con el que trabaja conjuntamente ofreciendo los datos recabados sobre los usuarios de Airbnb.
Robinson encontró el apoyo de Kike Sarasola, Presidente de Room Mate Hotels, quien señaló a los grupos hoteleros, acusándoles de “criminalizar las viviendas turísticas”, impidiendo así que se llegue a acuerdos con las comunidades autónomas.
El directivo de Airbnb puso además de manifiesto que su compañía está haciendo más esfuerzos “que ninguna otra plataforma” y que su actividad es completamente legal para reiterar la necesidad de generar “normativas coherentes e impuestos adecuados” como “mejor forma de avanzar”.
