La Comunidad de Madrid prepara una nueva Ley de medidas contra la Hiperregulación con el objetivo de reducir trámites, revisar normas obsoletas y aliviar las cargas administrativas que afectan a ciudadanos y empresas. El Gobierno regional asegura haber acumulado ya 738 medidas de simplificación normativa y plantea ahora dar un paso adicional con una ley específica que deberá ser remitida a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación.
Uno de los elementos centrales del proyecto será una regla de compensación regulatoria: cada nueva carga administrativa impuesta a una empresa deberá ir acompañada de la eliminación de otra de coste equivalente. La norma incorporará también cláusulas de caducidad para determinadas disposiciones de organización, de manera que no permanezcan en vigor de forma indefinida normas que hayan dejado de resultar útiles.
El texto introducirá además un calendario regulatorio más previsible. Las nuevas obligaciones empresariales solo podrán entrar en vigor dos veces al año, el 2 de enero y el 1 de julio, siguiendo un esquema inspirado en el modelo británico. La Comunidad pretende con ello evitar que especialmente las pymes tengan que adaptarse de forma continua a cambios normativos dispersos a lo largo del ejercicio.
La futura ley reforzará también la Aceleradora de Inversiones, con tramitación preferente y plazos reducidos a la mitad para proyectos considerados de especial interés. A ello se sumará la regulación de entornos controlados de pruebas o sandboxes, que permitirán ensayar bajo supervisión administrativa nuevos productos y servicios en ámbitos como digitalización, turismo, comercio innovador o tecnologías sanitarias. El proyecto contempla asimismo un mayor uso de datos, inteligencia artificial y digitalización en la gestión pública.
La iniciativa se suma a otras actuaciones ya desarrolladas por Madrid contra la hiperregulación. Según el Ejecutivo autonómico, la denominada Línea Abierta ha permitido revisar o simplificar más de 70 normas, dentro de las 738 actuaciones acumuladas, incluyendo cambios en la Ley del Suelo y una mayor utilización de declaraciones responsables. El argumento de fondo de la Comunidad es que una regulación más sencilla y previsible puede mejorar la inversión, la productividad y la competitividad empresarial.