España cerrará el Plan de Recuperación dejando sin utilizar 61.700 millones de euros en préstamos europeos, el 38% de los 163.000 millones inicialmente asignados al país. Un informe de Foro Regulación Inteligente calcula que esa financiación habría permitido impulsar unas 440.700 viviendas de alquiler asequible mediante un esquema público-privado inspirado en el Plan Vive de la Comunidad de Madrid. La cifra equivaldría a cerca del 59% del déficit de 750.000 viviendas acumulado entre 2021 y 2025 que estima el Banco de España.
El estudio plantea un escenario central en el que el sector público aporta suelo y los préstamos europeos cubren el 70% del coste de promoción, unos 140.000 euros por vivienda, mientras que el operador privado financia el 30% restante. Con este modelo, los 61.700 millones movilizarían una inversión total cercana a 88.000 millones de euros. El informe contempla también escenarios alternativos: desde unas 205.700 viviendas si hubiese que comprar el suelo y financiar todo el coste, hasta más de 663.000 aplicando la misma ratio de financiación que empleó el propio Gobierno en su línea ICO para vivienda asequible.
Según los cálculos del documento, el esquema sería además autofinanciable mediante las rentas. Un préstamo de 140.000 euros amortizado a 30 años y al 3,4% exigiría una cuota mensual de unos 626 euros, mientras que las rentas actuales del Plan Vive oscilan entre 465 y 927 euros. Incorporando gastos de mantenimiento, gestión, seguros e impuestos, el estudio estima que bastaría una renta media próxima a 780 euros mensuales para cubrir el coste financiero. De este modo, el desembolso para el contribuyente se concentraría fundamentalmente en la cesión del suelo y en el riesgo de impago, no en los 61.700 millones financiados.
El informe advierte, no obstante, de que la financiación por sí sola no resolvería el problema. España terminó apenas 92.000 viviendas en 2025, mientras que ejecutar 440.000 exigiría añadir entre 75.000 y 90.000 viviendas anuales durante cinco o seis años. El principal cuello de botella seguiría estando en el suelo, las licencias y la capacidad constructiva: el 95,7% del territorio está clasificado como no urbanizable, algunos desarrollos requieren entre 10 y 15 años de trámites y la lentitud administrativa añade unos 13.000 euros de coste por vivienda. Por ello, el estudio concluye que aprovechar una financiación de esta magnitud habría requerido acompañarla de una liberalización del suelo y una agilización profunda de los procesos urbanísticos.
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