La CNMC ha presentado un estudio llamado “Estudio sobre economía conductual para una regulación y supervisión eficientes” en el que propone que las administraciones públicas utilicen la economía conductual como herramienta para mejorar la eficacia de sus políticas y regulaciones. Este enfoque enfatiza que muchas normas y procedimientos se diseñan sin tener en cuenta cómo realmente toman decisiones los ciudadanos, lo que puede producir inercia, sesgos cognitivos o una sobrecarga de información que dificulte el cumplimiento normativo o el uso de los servicios públicos.
Entre los instrumentos que analiza el estudio se encuentran los nudges —o “pequeños empujones”— que pueden generar cambios significativos con bajo coste, tales como opciones por defecto en formularios, recordatorios, avisos, el encuadre de los mensajes o normas sociales. También se advierte sobre los efectos negativos de prácticas como el sludge, es decir, los trámites largos o mal diseñados, la comunicación excesivamente técnica o cualquier obstáculo innecesario que complique la vida de los ciudadanos.
El estudio también compara la situación española con la de otros países que ya han incorporado unidades especializadas en economía conductual (“nudge units”) dentro de sus administraciones, encargadas de diagnosticar problemas, diseñar políticas públicas, evaluarlas y diseminar buenas prácticas. En este sentido, la CNMC considera que España tiene margen para avanzar en la inserción sistemática de la economía conductual en la regulación, supervisión y políticas públicas.
Por todo ello, la CNMC formula una serie de recomendaciones: crear unidades de economía conductual en la administración pública; establecer redes de expertos entre administraciones; fortalecer el capital humano en esta disciplina; incorporar el enfoque conductual en todas las fases del diseño normativo; fomentar la experimentación; eliminar trabas conductuales; y promover la transparencia y disponibilidad de datos para evaluar políticas. De esta forma, se busca una regulación más sencilla, eficiente y respetuosa con la libertad individual, que mejore tanto el servicio a los ciudadanos como el funcionamiento de los mercados.
