Recientemente se ha publicado en España un informe que analiza el impacto de la sobrerregulación y la burocracia en la economía española. El documento destaca que el 40% de los empresarios considera que la presión normativa es un obstáculo de magnitud comparable a la carga impositiva. Asimismo, se estima que la fragmentación del Mercado Único Europeo y la dispersión regulatoria autonómica generan un coste combinado del 7% del PIB, equivalente a 90.000 millones de euros o 4.700 euros por hogar.
El trabajo, del Instituto Juan de Mariana, señala que el 36 % de la actividad económica nacional opera en sectores sujetos a una carga normativa excesiva, afectando a 1,9 millones de empresas y 9,8 millones de trabajadores. Durante la última década, se han registrado al menos 700 litigios por restricciones a la unidad de mercado. Si la tendencia regulatoria persiste, se proyecta la pérdida de 100.000 empleos en los próximos diez años. Además, la congestión judicial agrava la situación, desviando recursos productivos e impidiendo el crecimiento de la inversión privada.
A nivel regional, la carga regulatoria en Cataluña duplica la de Madrid, lo que se traduce en una pérdida de 1.141 euros anuales por habitante y la destrucción de 52.400 empleos. En comparación internacional, el informe concluye que igualar los estándares regulatorios españoles a los de Dinamarca podría incrementar la renta per cápita en 2.589 euros. No obstante, indicadores de calidad regulatoria sitúan a España en la parte baja de los rankings de la UE y la OCDE.
El documento también advierte sobre el crecimiento descontrolado de normativas sectoriales. Desde 2000, España ha aprobado 9.489 regulaciones ambientales, seis veces más que Francia. En el ámbito laboral, el país cuenta con 10.300 regulaciones, lo que contribuye a mantener la tasa de desempleo más alta de la UE. En materia tributaria, la Agencia Tributaria ha publicado manuales de IRPF y Sociedades de 1.921 y 796 páginas, respectivamente, reflejando la creciente complejidad fiscal. Adicionalmente, la Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad elevará de 80 a 1.125 los requerimientos de datos para las empresas, con un coste estimado de 400.000 euros anuales por compañía mediana.
