Al calor de la conversación sobre la inseguridad jurídica que enfrentan los contribuyentes en España, Foro Regulación Inteligente ha elaborado un estudio dedicado a esta cuestión. La investigación revela que somos el segundo país de la OCDE con peor desempeño a la hora de ofrecer certidumbre a los contribuyentes.
La inseguridad jurídica se ha convertido en un problema estructural del sistema fiscal español. Bajo el actual Gobierno, España ha registrado cerca de cien incrementos en impuestos y cotizaciones. Esta orientación recaudatoria tan expansiva actúa como un factor directo de erosión de renta y patrimonio, contribuyendo al empobrecimiento de familias y empresas.
La normativa fiscal es muy compleja y, además, los inspectores reciben incentivos ligados a la recaudación. Estos bonus no se ajustan aunque los contribuyentes ganen posteriormente en los tribunales. El resultado es un sistema desequilibrado y asimétrico, lo que incrementa la incertidumbre soportada por el contribuyente y socava la confianza en el sistema.
El caso de la Ley Beckham se ha convertido en el canario en la mina de la inseguridad jurídica que enfrentan los contribuyentes en España. Dicho esquema ha pasado de ser un incentivo concebido para atraer talento a convertirse en un foco de litigiosidad, en la medida en que la Agencia Tributaria ha cuestionado retroactivamente los certificados que ella misma emitió a quienes se acogían al régimen. Esto ha desembocado en la macrocausa internacional liderada por el bufete Amsterdam & Partners, que sostiene que las autoridades han vulnerado derechos fundamentales y han incurrido en malas prácticas y abuso de poder.
El diseño de un régimen tributario para trabajadores no desplazados es fundamental para maximizar la capacidad de España de atraer talento en la era digital. Sin embargo, el contribuyente medio que se acoge a este estatus obtiene en nuestro país un ahorro fiscal medio de 13.600 euros, frente a los 30.000 euros que dejaría de pagar en Portugal o los 120.000 euros en que se reduciría su tributación en caso de trasladarse a Italia o Grecia.
Cada año se presentan 200.000 reclamaciones ante Hacienda, de las cuales un 40% se resuelve a favor de los contribuyentes. Entre 2014 y 2023, el acumulado alcanza 2,1 millones de reclamaciones y 877.000 expedientes resueltos en contra de la Agencia Tributaria. En el IRPF, el porcentaje de resoluciones estimadas en favor del contribuyente es del 49,2%, porcentaje que llega al 54,1% en el Impuesto sobre el Patrimonio, al 62,4% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y al 65,7% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
España se sitúa entre los diez países de la UE con mayor número de procedimientos de revisión iniciados por la Administración, lo que evidencia un entorno de elevada conflictividad fiscal y un nivel de control muy intenso sobre los contribuyentes. La cifra registrada (7,9 casos por cada 1.000 contribuyentes) implica que Hacienda inicia cuatro veces más procedimientos que sus homólogos en Italia o Canadá. Este valor es, además, ocho veces superior al del Reino Unido y veinte veces mayor que el de Estados Unidos. Nuestro país es, asimismo, el quinto socio de la UE en que un mayor porcentaje de procedimientos legales contra el fisco se resuelven a favor de los contribuyentes.
En el ranking que mide la competitividad del IRPF, España apenas obtiene una nota de 45 puntos sobre 100, mientras que en la clasificación dedicada a la fiscalidad aplicada sobre el patrimonio financiero o inmobiliario somos la segunda economía de la OCDE con peor desempeño, obteniendo una calificación de apenas 36,5 puntos sobre 10.
El Indicador Sintético de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes sitúa a España como el segundo país de la OCDE con peor resultado, obteniendo una calificación de apenas 5,47 puntos sobre 10 que nos sitúa apenas por delante de Grecia y lejos de las economías con mejor desempeño. En el extremo opuesto, destacan positivamente los resultados de los países bálticos, Nueva Zelanda, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Australia, Canadá o Israel.
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