Santiago Calvo, colaborador asociado de Foro Regulación Inteligente, habla en el diario El Mundo sobre el problema de la sobrerregulación en Europa.
Entre 2019 y 2024, la UE aprobó unos 13.000 actos legislativos —unas siete normas al día— frente a los 3.500 del Congreso de Estados Unidos. El motivo es que todos los actores del sistema tienen incentivos para legislar y ninguno para frenar. La Comisión expande competencias con cada nueva ley. Los ponentes parlamentarios construyen su carrera cerrando expedientes. Las presidencias rotatorias quieren mostrar resultados en seis meses. El resultado es una máquina de producir normas que nadie tiene interés en apagar.
Las consecuencias son cuantificables. Más del 60% de las empresas europeas consideran la regulación un obstáculo a la inversión. BusinessEurope ha identificado 68 cargas regulatorias concretas en 11 áreas distintas, y en solo 13 piezas legislativas encontró 169 solapamientos, de los cuales un tercio imponía requisitos distintos y un 10% eran directamente contradictorios. La directiva de reporting de sostenibilidad obliga a informar sobre unos 1.200 indicadores; solo en Alemania, su implementación cuesta 1.600 millones anuales. Y todo esto sin contar el GDPR, el AI Act o las normas de emisiones que están cerrando fábricas de automóviles en Europa para que importemos coches de China, donde el 60% de la electricidad se produce con carbón.
Europa lleva años diagnosticándose. El informe Draghi, el informe Letta, las cumbres de competitividad. El diagnóstico está hecho y rehecho. Lo que falta es la voluntad de desmontar una maquinaria regulatoria que se alimenta a sí misma.
