FRI comparece en el Congreso para hablar del absentismo y su regulación

FRI comparece en el Congreso para hablar del absentismo y su regulación

FRI comparece en el Congreso para hablar del absentismo y su regulación 2560 1702 Foro Regulación Inteligente

Diego Sánchez de la Cruz, CEO del Foro Regulación Inteligente, compareció el pasado 23 de enero en el Congreso de los Diputados en el marco de una sesión monográfica dedicada al análisis del absentismo laboral en España. La comparecencia tuvo lugar en un foro plural que contó con representación de los principales grupos parlamentarios —Partido Popular, PSOE, Vox y Sumar—, así como de la CEOE y diversas organizaciones empresariales.

Durante su intervención, Sánchez de la Cruz expuso los principales hallazgos del informe Regulación laboral y mercado de trabajo: el impacto del absentismo, elaborado por Foro Regulación Inteligente, que describe el absentismo como un fenómeno ya estructural y de magnitud comparable a una crisis económica severa. El estudio constata un desacople inédito entre empleo y productividad: aunque los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo han crecido desde 2019, las horas efectivamente trabajadas avanzan a un ritmo claramente inferior.

Como explicó Sánchez de la Cruz, «el informe señala que el porcentaje de trabajadores que no trabajan en la semana de referencia ha pasado del 5,5 % en 2019 al 8,8 % en 2025, mientras que las horas no trabajadas por causas distintas a las vacaciones se han incrementado de forma sustancial. En promedio, cada ocupado ha pasado de ausentarse unas 80 horas anuales antes de la pandemia a más de 114 horas en la actualidad, con la incapacidad temporal por enfermedad o accidente concentrando la inmensa mayoría de las horas perdidas».

Asimismo, el CEO de Foro Regulación Inteligente subrayó que el coste real del absentismo es muy superior al que suele manejar el Gobierno en el debate público. Frente a un coste directo cercano a los 30.000 millones de euros, el informe estima que, al incorporar los costes indirectos —pérdida de productividad, reorganizaciones, errores operativos y sustituciones—, el impacto total alcanza cerca de 130.000 millones de euros, alrededor del 8 % del PIB, una “hemorragia económica estructural” que, a su juicio, exige reformas urgentes si se quiere mejorar de forma sostenida el empleo y los salarios en España.