España es uno de los países con mayor densidad normativa de Europa. Solo en 2022, las diferentes administraciones públicas aprobaron 11.775 nuevas normas, lo que equivale a 32 normas al día, o lo que es lo mismo, una cada 45 minutos. Desde la llegada de la democracia, el número total de disposiciones legales supera ya las 400.000, según un análisis del Banco de España. Esta hipertrofia regulatoria no solo genera confusión, sino que encarece la actividad económica, especialmente para las pymes.
La fragmentación territorial agrava el problema. Cada comunidad autónoma produce sus propias normas, con criterios y requisitos diferentes. Esto significa que una empresa que opera en varias regiones debe adaptarse a marcos legales distintos, multiplicando costes y barreras burocráticas. El Banco de España alerta de que esta dispersión reduce la eficiencia del mercado interior y frena la expansión de negocios que podrían crecer en todo el país.
El impacto económico es claro: un aumento del 10% en la densidad normativa provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores. Además, la complejidad regulatoria se traduce en menos inversión e innovación, ya que la incertidumbre jurídica desincentiva la toma de riesgos. Este efecto se nota con especial intensidad en sectores industriales y en actividades emergentes, como las tecnológicas y medioambientales.
Los expertos coinciden en que no se trata de tener menos normas, sino mejores normas: más claras, coordinadas y evaluadas. Un marco regulatorio más simple y predecible mejoraría la productividad y la competitividad de la economía española. Mientras tanto, el país sigue acumulando normas a un ritmo vertiginoso, generando un entramado legal que lastra la creación de empleo y frena el crecimiento económico.
