El diario ABC explica el grave problema de burocracia y sobrerregulación que retrasa el despliegue de tecnología 5G en España:
La tecnología móvil 5G supone una gran revolución para la conectividad, y todavía tiene camino por andar. Sobre todo, para aplicaciones empresariales e industriales. Su alta velocidad y baja latencia pretenden cambiar la sociedad. Sin embargo, su llegada está siendo algo más lenta de lo previsto. La clave se encuentra en el despliegue y los problemas para desarrollar infraestructura que tiene el conjunto del sector debido a los problemas burocráticos y la mala interpretación que hacen los ayuntamientos de la Ley de Telecomunicaciones.
La CEO de Vantage Tower, Blanca Ceña, explica al diario ABC que para tramitar las instalaciones “hay que pasar un proceso de permisos con el ayuntamiento de turno. Y esos permisos, dependiendo de tres criterios, van por un camino rápido que puede ser la declaración responsable, o pedir una licencia de obra, que directamente son años de espera”.
Explica la consejera delegada de la torrera que “casi todo debe ir por declaración responsable, y a priori no se necesita un permiso, pero nos estamos encontrando con ayuntamientos que tienen sus propias reglas”. Lamenta de que hay corporaciones locales que obligan a pedir licencia de obra, cuando debería ser declaración responsable. “Aplican su propio criterio y nos obligan a ir por el camino largo”, sentencia.
Ceña pone algunos ejemplos, como una licencia de montes en Castilla y León, que tarda dieciocho meses; o una cuestión de patrimonio nacional en Astorga que ha requerido seis meses de papeleo. Aclara que esos casos son habituales. Incluso en Madrid, para el acceso a un emplazamiento que se necesita reponer en la M40, han tardado seis meses en tener el permiso para poder operar.
Junto con la pesada burocracia, los ayuntamientos imponen normativas que no están alineadas con el real decreto que aterriza la Ley de Telecos. “Exigen retranqueos en las azoteas mayores de lo que que pide la ley o alturas de los mástiles más bajas de lo que permite la norma”, aclara Ceña. “Esto, simplemente, lo que provoca es que no se puede instalar”.
Desde su punto de vista, asume que se están excediendo en su capacidad normativa. Una situación que ha confirmado este medio con otras compañías de torres del sector, que coinciden en el análisis. La única solución pasa por entrar en recursos por la vía administrativa, y luego en la judicial, algo que retrasa los plazos.
